La ministra de Defensa, Nilda Garré, dio hoy un nuevo paso en el recorte de poder a los jefes de las Fuerzas Armadas, al resolver que tanto el reingreso como el egreso de personal militar retirado deba ser puesto a consideración de la cartera a su cargo.

De esa manera, eliminó la prerrogativa que otorgaba esa facultad al jefe de cada una de las fuerzas que ahora deben depender de la veña de la cartera de Defensa.

La reincorporación de retirados es hasta ahora una práctica muy usual, que permite a militares que se jubilan muy jóvenes, sumar otro sueldo a su jubilación de privilegio.

La decisión, adoptada mediante la resolución 216, determina "también que cada solicitud deberá ser acompañada por el legajo del agente, en el que se consignen los datos personal del candidato con indicación del grado alcanzado al momento del retiro, fecha y motivo del retiro e indicación del último destino".

Además, la postulación “debe estar acompañada de un informe elaborado por el Jefe de la Fuerza en el que deberán consignarse los criterios profesionales y éticos en que se fundamenta la propuesta del candidato así como también la indicación expresa de los motivos por los cuales se considera necesario cubrir la vacante con una persona en situación de retiro".

Los antecedentes remitidos serán puestos a disposición de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para que certifique que no presenta elementos que lo vinculen con hechos graves de violaciones a los derechos humanos y atentados contra el orden constitucional", se informó en un comunicado ministerial.

De esa manera, se modifica el sentido de la llamado "Artículo 62" (de la Ley 19.101 para el Personal Militar, sancionada en 1971) que "posibilitaba que un oficial retirado pudiera ser reincorporado por el jefe del Estado Mayor de su Fuerza para cubrir vacantes".

La ministra también resolvió que las designaciones anteriores a esta medida sean revisadas de manera sistemática por "los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas”.

En sus considerandos, la resolución subraya que la utilización del artículo 62 "debe ajustarse a criterios y consideraciones de carácter profesional y ético que justifiquen en cada caso la convocatoria de personal retirado".