Una andanada de allanamientos a organismos oficiales es la nueva y más enérgica instancia de la causa 1705 que instruye el juez Javier López Biscayart, una investigación que se inició como de evasión tributaria y se dirige a dilucidar ahora, si se pagaron coimas a funcionarios vinculados a la obra pública. Tanto es así, que Néstor Ulloa, el gerente de Nación Fideicomisos que administraba los recursos para construir la ampliación del Gasoducto Norte –la obra en la que según la empresa constructora Skanska se hicieron pagos ilegítimos– es el nuevo imputado.

Fue con ese talante que Ulloa se presentó ante López Biscayart para ofrecer una declaración espontánea el último jueves. El funcionario de origen jujeño –que según un ex gerente de Skanska habría sido quien indicó que debían operar con la empresa fantasma Infiniti Group para lograr la obra del escándalo– pretendió lavarse de culpa y cargo. Cuando terminó con su declaración, el juez ordenó el allanamiento de la empresa Transportadora General del Norte, gerenciadora de la obra.

En ese operativo, los investigadores habrían encontrado documentación que en primera instancia, demostraría inquietantes indicios de que la obra fue inflada en un porcentaje inaudito, superior a 154 por ciento, a instancias del Enargas, un organismo oficial que responde al ministro Julio De Vido a través de Fulvio Madaro.

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