Resulta curioso, con todo lo que ha ocurrido en los últimos tres años, releer un artículo publicado por el diario El Argentino, de Gualeguaychú, el 12 de diciembre de 2003: “ El grupo forestal, que ocupa el segundo lugar en Europa en la producción de pulpa de madera y posee cinco plantas en Finlandia, eligió a Fray Bentos para instalarse, por una cuestión logística y la alta calidad de la celulosa que se produce en la Banda Oriental. Actualmente la empresa se encuentra abocada a la elaboración de un estudio socioeconómico y ambiental. La decisión de construir la planta –que tendría una capacidad productiva de un millón de toneladas anuales de pasta celulósica de eucaliptus blanqueada– sería tomada a fines de 2004, una vez finalizadas las investigaciones y obtenidos los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo al compromiso que públicamente asumieron los empresarios. Al respecto –y a diferencia del grupo español ENCE– los finlandeses ya tomaron contacto con la Cancillería argentina para dar a conocer la dimensión del emprendimiento, en un gesto que comprende la total adhesión al concepto de que el río Uruguay es un territorio compartido cuyos recursos competen a ambos Estados.”

Recuerden, por favor, el párrafo que indica, en 2003, que “ los finlandeses ya tomaron contacto con la Cancillería argentina”. Viajé a Gualeguaychú a producir una nota sobre este tema cuando la ciudad todavía era apenas sinónimo de carnaval, cosa que se precipitaba, lógicamente, por el verano.

En junio, en cambio, con un frío que calaba, Gualeguaychú me sorprendió por la cantidad de carteles que ya desde aquel momento insistían en algo casi desconocido para el gran público porteño: “ No a las papeleras. La nuestra es una lucha ‘almada’, la llevamos con el alma”, sintetizó pícaramente uno de los que comandaban aquella batalla que, hasta ese momento, no apuntaba a ser mucho más –ni mucho menos– que una pelea como las miles que hay contra la instalación de una empresa que la gente cree que va a contaminar. Pero era –iba a ser– bastante más que eso (...).

Ante algunas consultas hechas alrededor de los tratados Finandia-Botnia, que sigo considerando leoninos, un experto me respondió: “ Es la única manera de que las empresas de los países desarrollados lleven sus inversiones al Tercer Mundo”. No justifica, pero explica. “ Si los países del sur fueran jurídicamente confiables, estos acuerdos no serían necesarios”, abundó mi fuente. La pregunta que se impone es: ¿no hay forma de evitar el chantaje?

En la práctica, cuando en agosto y septiembre de 2006 Botnia enfrentó un duro conflicto con una parte de los gremios por la decisión de “importar” mano de obra calificada de los ex países socialistas en detrimento de los profesionales locales –a los que considera no calificados–, el gobierno uruguayo debió escuchar cómo los directivos de la empresa finlandesa invocaban ese concepto que había sido incorporado al tratado: en los hechos, cualquier molestia a la decisión “soberana” (en verdad, arbitraria y discrecional) de la empresa es considerado un agravio que le permitiría reclamar la indemnización y tomarse el buque.

Tabaré era uno cuando sus asesores le explicaban qué debía decir para ganar las elecciones, y fue otro cuando, ya ungido presidente, leyó con detenimiento este tratado al cual la empresa finlandesa Botnia se acogió rápidamente para aprovechar sus beneficios. Y seguramente fue eso lo que nutrió su fallido de mayo de 2005 en Buenos Aires cuando, muy al comienzo de la controversia con Argentina, declaró que Uruguay estaba “ con la contaminación”, en un remedo de aquel discurso de Deolindo Felipe Bittel en la cancha de Vélez en el que aclaró que entre liberación o dependencia, el justicialismo que él representaba como candidato a vicepresidente estaba con la dependencia. (...). Con Tabaré en el gobierno dispuesto a facilitar estos emprendimientos y con la gente de Gualeguaychú a punto de subirse al puente, Botnia anunció el 7 de marzo de 2005 que construiría su planta. Hasta el momento, el eje del conflicto era ENCE y, como parte sustancial de ese conflicto, los antecedentes de esa empresa por su pésima convivencia con la ciudad de Pontevedra (...).

Tanto el gobierno uruguayo como el resto del Mercosur cuestionaron duramente el doble estándar de la Argentina: exigir a terceros lo que no cumple dentro de sus fronteras. Hay casos flagrantes. En Tucumán todavía debe resonar esta sentencia: “ Este Tribunal entiende acreditado que la firma Papelera de Tucumán realiza una actividad en sí misma contaminante”. Es la conclusión del fallo de la Cámara Federal que dispuso el procesamiento penal de los directivos de la empresa por incumplimiento de la ley 24.051, de residuos peligrosos, que establece hasta penas de prisión efectiva a quien “envenenare, adulterare o contaminare de modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

La causa se había iniciado por una denuncia de la dirección de Ciencia, Técnica y Medio Ambiente de la provincia, en febrero de 2003, donde constaba que “ la empresa Papel del Tucumán es la principal contaminadora de la provincia”. Peritajes efectuados durante la causa señalaron que “el agua del arroyo Calimayo evidencia alteraciones biológicas, bioquímicas y fisicoquímicas provocadas por los efluentes de la planta”; entre otros aspectos, la contaminación “comprometería la supervivencia de especies de anfibios autóctonos”, lo cual “ conduciría a la proliferación de insectos perjudiciales para la agricultura y para la salud humana”. Ya un informe preliminar elaborado por Gendarmería Nacional concluyó que “ a simple vista se constata una presumible contaminación en el agua y aire proveniente de Papelera del Tucumán”.

El tribunal falló sosteniendo que se encontraría demostrada una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación, en el curso del arroyo Calimayo, el cual desemboca en el río Colorado, con el consecuente peligro para la agricultura y para la salud de los habitantes de la zona circundante aledaña (ciudad de Lules y Famaillá). El fallo precisa que “ la figura penal invocada supone la demostración de un accionar doloso, es decir el conocimiento exacto del peligro objetivo de la conducta” (...).

El verano de 2006 será recordado por los cortes de ruta que pusieron el tema de las papeleras en la tapa de todos los diarios y que fue lo que llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Un ardoroso debate supuestamente conceptual y metodológico, que tuvo a los asambleístas de Gualeguaychú mirando de lado a lado como en un partido de ping-pong, se protagonizó a lo largo de varias noches entre los dos bandos de abogados que representaban al pueblo agredido por las papeleras. De un lado, con la argumentación de la legalidad ante la presumible violación del Tratado del Río Uruguay por parte de nuestros vecinos, el sector más formal pregonaba la ida a La Haya, aun a sabiendas que dejaba a la Argentina sin plan B y que difícilmente un jurado internacional fuera a condenar una actividad que se describía como central para el desarrollo de un país sin industrias. Así fue que en una paliza sin precedentes, y por catorce votos contra uno (el argentino), la Corte de La Haya rechazó el pedido de medida cautelar de la Argentina para detener la construcción de las plantas hasta que se confirme –si se puede– su condición de actividad no contaminante.

Del otro lado, con espíritu más presuntamente político, arreciaba una muchacha esmirriada, bonita pero sin ínfulas de tal sino con la impronta de la mujer eficaz y moderna. Romina Picolotti se había acercado a Gualeguaychú desde su Córdoba natal, con su ONG especializada en derechos humanos y ambiente y sus galardones como luchadora en países excluidos del mapa. Un abogado allegado al gobernador Busti la recomendó y, simultáneamente, su postura combativa cautivó a los asambleístas.

En aquella discusión jugó fuerte. No consideraba que La Haya fuera solución sino postergación y sentenciaba que aplacaría la lucha pues la pondría en un freezer hasta que los jueces (al menos dos años) se expidieran: “ Para entonces nadie se va a atrever a voltear la chimenea humeante de Botnia”, sostenía. La estrategia de Picolotti era poner la proa en desnudar el carácter espurio, inoportuno y perjudicial de las inversiones de las papeleras y bloquear aquello que les pegara en el corazón: el financiamiento. Picolotti proponía salir por las grandes ciudades del mundo a someter a los eventuales financistas al escarnio que significaría proveer de fondos a una inversión rechazada por un pueblo entero. El principal destinatario debía ser el Banco Mundial.

Tanto ENCE como Botnia habían solicitado los fondos de la Corporación Financiera Internacional (el brazo de financiamiento a emprendimientos privados de ese organismo multilateral de crédito), no tanto porque les resolviera todo lo que precisaban sino más bien porque funcionaba como medalla de calidad: si el Banco Mundial (largamente cuestionado por haber financiado emprendimientos brutales contra el medio ambiente, como Yacyretá) rechazaba un préstamo para estas inversiones, difícilmente otros bancos correrían el riesgo de comprarse tan mal antecedente.

Hacia Washington partió a fines de 2005 el gobernador Busti, decidido a convencer al Banco Mundial de lo inconveniente de brindar ese financiamiento, y volvió con una burda operación de prensa que hizo que en algunos diarios de Entre Ríos se publicara que se había parado el financiamiento hacia las pasteras. Y hacia allí fue mucho más tarde una carta de la ya secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, buscando desalentar al presidente del directorio del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, de que lo hiciera. Hubo idas y venidas, estudios de impacto ambiental cuestionados y demás intentos. Pero nada. Otra derrota argentina. (...).

“ Es que nadie entendió nuestro reclamo”, me dijo una tarde, tras terminar el corte de ruta, un hombre de Gualeguaychú que se anotó en esta batalla desde el primer día. Parece una tontería, pero no lo es. Desde el inicio, Gualeguaychú se plantó en la consigna “no a las papeleras”. Parecía maximalista, y de hecho lo es. Uruguay, por motivos diversos, se plantó en “ sí a las papeleras”, y “ allí es donde están”.

El gobierno argentino miró de soslayo. Inicialmente, atendió el reclamo sin mayor amor. Cuando se complicó políticamente, subió el tono. Y cuando la batalla parecía irracional (“ Muchachos grandes, pelearse por una fábrica...”, dijo Lula, con sorna, en el palacio del Planalto), Kirchner salió a explicar que “apenas es un problema ambiental”, para así terminar con el conflicto. Pero no lo consiguió. Y cuando se complicó aún más, el Presidente pronunció un discurso en el Corsódromo de Gualeguaychú en que proclamó el inicio de una era en la que el medio ambiente sería política de Estado y replicó la consigna que los asambleístas soñaban escuchar de boca de un político: “No a las papeleras” (...).

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Enrique Martínez, dijo que no había “ un problema de soberanía, sino de control industrial”, sin reparar que justamente eso (la falta de control expresada por doquier en este costado del mapa) es lo que potencia la protesta. Mientras, el geógrafo y experto en medio ambiente Carlos Reboratti invocaba que una vez que se confirmó que ENCE no se iba a instalar junto a Botnia, Gualeguaychú debería modificar el eje de sus reivindicaciones y cambiar el irreal “no a las papeleras” por un “no a la contaminación de las papeleras”, más cercano a una posibilidad de entendimiento con Uruguay.

Lo que no se entendió es que Gualeguaychú no quiere esas instalaciones frente a sus playas no sólo (y ni siquiera principalmente) porque contaminen en términos físico-químicos. Gualeguaychú eligió, por acción u omisión, un proyecto urbano en el que una chimenea del otro lado del río está contraindicada. Y Uruguay eligió para Fray Bentos todo lo contrario. Allí se gestó un conflicto sin solución. Hay en la historia social, y mucho más en la historia ambiental, conflictos sin solución, en tanto no hay una negociación posible. Para negociar debe haber dos lados, y, al menos en uno de ellos, algo para ceder.

El único momento en que pudo haber habido una negociación se presentó allá por noviembre de 2005. Bielsa, en su última gestión en este tema siendo canciller, se reunió con Meg Taylor, la ombudsman del Banco Mundial que había visitado Gualeguaychú. Le propuso llevar de manera conjunta al canciller uruguayo Reinaldo Gargano una propuesta para el traslado de las plantas. El objetivo era moverlas 50 o 100 kilómetros hacia el sur, hasta la confluencia del río Uruguay con el de la Plata, y así quitarlas del espacio físico de Gualeguaychú.

Todavía, dado que Botnia recién iniciaba su obra civil, era factible tanto política como económicamente. Tan sensato era que ése es el sitio que ahora ENCE eligió para asentarse (y salirse del área del conflicto) y a casi todos les parece potable. Pero en aquel momento esa posibilidad se frustró. La propia gente de Gualeguaychú, en un principismo quizá tácticamente inconveniente, formuló que no pretendían enviarles el problema a otros sino directamente eliminarlo.

Todo lo demás está más fresco, es historia reciente y pertenece al campo de lo que nadie jamás imaginó: tropas uruguayas custodiando a Botnia; funcionarios de los dos países que se acusan de traidores como antes de una guerra; mediadores que se escapan apenas auscultan los propósitos de una y otra parte; cortes de ruta eternos; acusaciones mutuas de intransigencia, y miles de etcéteras. Es que quizá con aquella oportunidad desperdiciada se eliminó el último resto de cordura. Si es que alguna vez la hubo.