Junto con el avance de la investigación en el caso Skansa, avanza también la posibilidad de que toda la obra pública del Gobierno quede bajo sospecha judicial, y en ese sentido, el fiscal Carlos Stornelli lleva a cabo dos investigaciones complementarias a la causa por las coimas que habría pagado la constructora sueca para ampliar los gasoductos Norte y Sur.

La posibilidad de que la obra pública sea investigada sucede justo el año en que la inversión en ese tipo de emprendimientos alcanzará el récord de 15.000 millones de pesos.

A medida que crece la documentación en los sumarios del caso Skanska se repiten las empresas que participan y también se repite el esquema de financiamiento, por lo que se rastrea el mismo modus operandi que en la causa de los sobornos pagados por la empresa sueca.

Transportador de Gas del Norte denunció sobreprecios del 152 por ciento en los presupuestos que presentaron Skanska y las empresas que construyeron las otras dos plantas compresoras.

El  aspecto del sobreprecio es una amenaza para el Gobierno, especialmente si de la investigación del juez Guillermo Montenegro y el fiscal Stornelli surgiera que también en las obras encargadas en el Sur por Transportadora de Gas del Sur hubo sobreprecios, lo que demostraría que no se habría tratado de un hecho aislado.

Dado que Skanska dijo que también pagó coimas en el Sur, es muy probable que allí existieran sobreprecios. La Justicia también investigará si, además de Skanska, las otras constructoras también pagaron coimas.

Investigaciones complementarias. Una de las investigaciones que Stornelli lleva adelante es sobre el gasoducto patagónico de la empresa Emgasud SA, y la otra sobre todas las obras públicas financiadas con fondos fiduciarios, sistema también aplicado para ampliar los gasoductos, según informa hoy el diario La Nación.

El gasoducto patagónico se extiende entre Comodoro Rivadavia y Esquel. Un punto que llamó la atención de los investigadores es que buena parte del dinero del fideicomiso que financió las obras fue proporcionado por el Estado nacional, pese a que el decreto presidencial 180, de 2004, establece claramente que los fondos fiduciarios que financian todas las obras de los gasoductos no pueden constituirse con dinero ni bienes del Estado.

El fideicomiso del gas fue manejado por Nación Fideicomisos, que depende del Banco Nación, y cuyo gerente es Néstor Ulloa.

La otra investigación complementaria que lleva adelante Stornelli abarca, precisamente, todas las obras públicas que se financiaron con este sistema de fideicomisos, que para el Gobierno no son fondos públicos, sino privados.

Esta última investigación podría abarcar la obra pública en bloque, área a carga del poderoso  ministro de Planificación, Julio De Vido, hombre de confianza del Presidente, igual que el secretario de Obras Públicas, José Francisco López.

Aunque si la investigación inicial sobre Skanska sigue creciendo puede llegar a abarcar buena parte de la obra pública que se ejecuta en el país: algunas empresas protagonistas de las ampliaciones de los gasoductos aparecen en el tendido de redes eléctricas de alta tensión. Y la mayor parte de esas empresas reaparece en la actual ampliación de toda la red gasífera nacional.

Esta ampliación es un proyecto lanzado el año pasado que sufrió una brusca variación en su presupuesto: luego de que estallara el escándalo Skanska bajó violentamente de 3200 millones de dólares a los 2300 millones calculados previamente, informó La Nación.