Por sugerencia del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, el vicepresidente, Daniel Scioli, ofreció al fiscal de la causa Skanska, Carlos Stornelli, convertirse en el futuro ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el caso de que triunfe en las próximas elecciones para gobernador.

Stornelli todavía no aceptó el ofrecimiento, pero ante un par de amigos íntimos, confesó estar entusiasmado con la invitación, según informa el diario La Nación en su edición de hoy.

De Vido fue quien tuvo la idea de convocar a Stornelli para que acepte un cargo ejecutivo, asegura La Nación en la nota de hoy. Antes de iniciar la gestión, Scioli prefirió consultar a Kirchner, que autorizó el ofrecimiento. Después de la venia presidencial, se realizaron dos reuniones entre Scioli y el fiscal en la casa de un empresario.

El reemplazo del fiscal que investiga la causa Skanska podría ser una más de las estrategias del Gobierno para desactivar la fuente de problemas en la que se ha convertido el caso, en el que varios funcionarios del Gobierno, que están bajo la órbita del ministro De Vido, han debido justificar sus acciones.

Stornelli fue quien pidió al juez Guillermo Montenegro que investigara a tres funcionarios que dependen del ministro de Planificación Federal:el secretario de Energía, Daniel Cameron; el de Obras Públicas, José López, y el titular del Enargas , Fulvio Madaro.

El fiscal también impulsó el allanamiento de las otras dos constructoras que habían sido contratadas por el Fideicomiso del Gas, además de Skanska: BTU SA y Contreras Hermanos. También logró que se ampliara la investigación a la expansión del Gasoducto San Martín, que gerencia Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Stornelli pidió también documentación sobre la construcción del Gasoducto Benito Fernández, tendido entre Comodoro Rivadavia y Esquel, en Chubut, el que lleva adelante la empresa Emgasud SA.

Así, el combativo fiscal seleccionado por Scioli para el Ministerio de Seguridad bonaerense comenzó a ramificar sus investigaciones en busca de sobreprecios y eventual corrupción en todos los contratos administrados por el Ministerio de Planificación en la ampliación de la capacidad de transporte de gas.Y puso el ojo en los fondos fiduciarios: el limbo jurídico a partir del cual funcionarios públicos manejan fondos privados o mixtos. 

Aunque las investigaciones del combativo fiscal -que ll evó a la cárcel a Carlos Menem por la causa de venta de armas a Croacia y Ecuador- no se limitan a la gestión de los servicios públicos.

El fiscal también está  investigando al sindicalismo, por las irregularidades cometidas en la administración de un programa de saneamiento de las obras sociales financiado por el Banco Mundial hace 10 años. En enero último, pidió al juez federal Norberto Oyarbide la indagatoria de más de 120 dirigentes gremiales, empresarios y funcionarios.