La justicia penal platense investiga al Ministerio de Seguridad bonaerense por una presunta
defraudación millonaria en la compra de chalecos antibala mediante el pago de
sobreprecios.
Como el ministerio habría obrado como importador de chalecos que habrían sido vendidos al
ministerio de Defensa, a la Policía Federal y al ministerio de Salud bonaerense, el organismo se
encuentra
bajo la lupa de la justicia por posibles negociaciones incompatibles con la función
pública.
El caso llegó a la justicia platense por resolución del juez federal porteño
Sergio Torres, quien actuó en respuesta a una denuncia radicada por una presunta
estafa aduanera con la importación de chalecos antibala, informó el diario
El Día de La Plata.
Si bien Torres rechazó la comisión de ese delito, pudo observar que mediante la operación que
detalla la denuncia
se podría haber cometido una defraudación contra el fisco bonaerense por el
supuesto pago de sobreprecios en la compra. Por ello, el magistrado giró la causa a la justicia
penal de La Plata.
"Entre agosto de 2003 y abril de 2004, numerosos cargamentos de materiales para fabricar
chalecos antibala fueron exportados desde Argentina hacia la Zona Franca de Uruguay por las
sociedades
Conbra, Nildatex, Dupont Argentina y América Blindajes", explicó Torres, y señaló
que "el importador de esos insumos resultó ser la firma uruguaya
Distritade SA, radicada en esa Zona, donde fueron confeccionados los chalecos".
"Esa mercadería (por los chalecos ya confeccionados) fue vendida y exportada por la firma
uruguaya
Valdiviano SA, siendo comprada e importada por el ministerio de Seguridad
bonaerense".
El juez puntualizó además que "habría indicios de que otros productos también podrían haber
sido importados por distintos organismos públicos de nuestro país", ya que "no todas las facturas
comerciales emitidas por el vendedor de chalecos (Valdiviano SA) fueron extendidas al ministerio de
Seguridad bonaerense, de modo que ese organismo fue declarado como importador".
En su investigación, Torres informó que
se habrían exportado a Uruguay materias para los chalecos por unos 2.300.000 dólares y
luego se importaron esos productos ya armados por una suma de cercana a los 6.800.000 dólares.
El caso ahora es investigado por la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata, a
cargo de
Carlos Argüero y
Esteban Lombardo, con intervención del juez de Garantías
César Melazo.
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