La Justicia inició una causa por contrabando de armas en la que investiga a Fabricaciones Militares, luego de que en febrero pasado la Aduana descubriera una supuesta subfacturación en una operación de exportación de fusiles automáticos.

En el marco de la causa se secuestraron, tres meses después 6.739 kilogramos de estas armas, que Fabricaciones Militares había embarcado hacia Connecticut, Estados Unidos. El precio total del cargamento secuestrado era de sólo 2.600 dólares, y se vendía como “material de desguace”, según informa hoy el diario La Nación, en base a fuentes que tuvieron acceso al expediente.

La causa es instruida por el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia y por la fiscal Carolina Robiglio, y se encuentra bajo secreto de sumario.

Desde 2006, la Dirección General de Fabricaciones Militares se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido.

La operación de venta había sido aprobada hacía un año por una comisión integrada por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores. El embarque iba dirigido a la empresa JLD Enterprises, cuyo propietario es un argentino, José Luis Díaz. 

El precio del cargamento llamó la atención de los inspectores de la Aduana, y llamaron al Registro Nacional de Armas (Renar), que constató que "había piezas con numeración limada y otras cuyas numeraciones no coincidían con lo asentado en los remitos de exportación", según fuentes del Gobierno. Entre el material secuestrado hay 21.000 percutores y 5246 cuerpos cerrojos

Una de las sospechas de los investigadores del caso es que el destino final de las armas no era Estados Unidos, sino algún país sudamericano, en el que se revenderían a narcotraficantes y delincuentes, según las fuentes judiciales.

Por vía diplomática, los investigadores solicitaron a los Estados Unidos un informe sobre JLD, y también se investigará si el comprador tiene vinculación con algún funcionario o empleado de Fabricaciones Militares. 

El juez ordenó allanamientos en dos dependencias de la Dirección General de Fabricaciones Militares, donde se secuestraron documentación y computadoras.

Un precio vil. El interventor en la DGFM, Arturo Puricelli negó que se tratara de un caso de contrabando de armas y le restó importancia a la denuncia, aunque admitió que el precio del embarque también lo sorprendió.

“Es verdad que el monto de la operación llama la atención. A mí también me pareció que era un precio vil, pero los expertos me explicaron que este material no se puede vender a precios significativos”, dijo Puricelli.

El interventor de la DGFM quiso evitar cualquier tipo de comparación con el contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem. "No existe un caso como se ha visto en la Argentina en otras épocas”, dijo.

Esta no es la primera vez que Fabricaciones Militares se ve involucrada en un caso de este tipo. Luis Sarlenga, el ex titular de la entidad es uno de los que estarán sentados en el banquillo de los acusados cuando comience el juicio por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

“Está bien que la Aduana y que la Justicia investiguen, pero a estas alturas no le veo entidad a la denuncia. Puede ser que haya una connivencia dolosa de algún funcionario de la gestión anterior o algún hecho de corrupción", dijo Puricelli, según informa La Nación.

Puricelli señaló que el cargamento incautado era era el tercero de una operación comercial por un monto total de 330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP).