—Las noticias que alertan sobre el poder de carteles peruanos que controlan el tráfico de droga en la Argentina ya se han vuelto una constante. A partir de su experiencia en Colombia, ¿podría decir que el narcotráfico aquí también se ha vuelto incontrolable?
—Tengo una posición muy definida sobre la política criminal frente a las drogas. Creo, como lo he sostenido en varios textos, que la prohibición es una política realmente equivocada en la medida en que genera organizaciones criminales. Los eventuales éxitos en la represión de uno de estos carteles, si bien posibilitan una disrupción parcial del mercado, y por consiguiente una disminución temporal de la oferta, también promueven incentivos para que otras personas ingresen al negocio. Cuando se observa un éxito en un determinado país, la producción rápidamente se desplaza a otro. Eso es lo que han demostrado los estudios que investigaron esta relación en los últimos 30 años. Fue lo que pasó en los 60, cuando se logró eliminar las plantaciones de marihuana en México y luego se mudaron a Colombia. La política vigente frente a las drogas está condenada al fracaso, siempre y cuando se mantengan niveles altos de consumo. En esa medida, yo no creo que el narcotráfico sea incontrolable en la Argentina, al contrario, puede ser que aquí se logre expulsar a las mafias, pero éstas encontrarán lugar en otros países.

—¿Cuál sería la solución? Porque parece lejana una articulación internacional que no permita refugio a los carteles.
—Yo creo que debemos legalizar y regular el mercado de las drogas. No se trata de una liberalización sin ningún tipo de control, para que cualquier joven pueda ir al supermercado de la esquina y comprar heroína, sino que yo propongo, y esto lo he defendido en varias investigaciones, la legalización y regulación diferenciada de las drogas según su dependencia y toxicidad. En ese caso, algunas serán de oferta mucho más restringida y otras más regulada, imitando lo que se ha terminado haciendo con el alcohol y el cigarrillo. Esto es algo que algunos economistas y juristas llaman formas de mercado pasivo, en las que el Estado tolera y controla, pero no estimula el uso de drogas, sino que trata de disuadir sin llegar a la prohibición. La política actual sólo logra desalentar a los que quieren probar drogas, pero a los que ya son dependientes los somete a organizaciones criminales. Por ejemplo, yo creo que no se debería penalizar el consumo, que debería haber campañas de prevención fuertes y que la represión debería centrarse en los grandes carteles y no en los pequeños dealers.

—¿Cree que es posible legalizar la droga en los países de la región?
—Nuestros países no pueden hacer legalizaciones regionales, porque el problema de la prohibición es global. La despenalización sólo avanzará cuando en los Estados Unidos se produzca un cambio de corriente ideológica sobre el tema. Hay un estudio muy interesante que muestra cómo en los años 20 se dio un debate en ese país, con una posición puritana y otra pragmática. Esta visión proponía enfrentar el problema desde la salud pública, y no desde el pecado, para regularlo sin someterlo a la prohibición. Pero triunfó la postura más conservadora y una vez establecida la prohibición aumentó el temor de muchos políticos a ser tildados de soft on drug (débil con las drogas) y poner en peligro su carrera. Aquel que critique la política actual de las drogas es inmediatamente visto como insensible hacia los jóvenes o amigo de las mafias, algo totalmente falso pero que impide establecer debates serios. El segundo elemento es el derivado de lo que muchos sociólogos denominan como la profecía autocumplida, que viene de (Robert) Merton. Es la que dice que en materia de drogas sólo hay consumos problemáticos o adicciones, pero no es cierto. Hay muchas personas que viven toda su vida consumiendo marihuana y tienen una vida tranquila, lo mismo que muchos usuarios de cocaína y heroína. Claro que hay otros que no, pero usualmente son una minoría. Pero si tenemos la percepción de que todos los usuarios de drogas son problemáticos, y vemos cuál es la situación de marginalidad que tienen los que consumen drogas, así confirmamos esa teoría, aunque no sea cierta.

—¿Entonces propone legalizar todas las drogas?
—Yo planteo legalizar todas las drogas, pero admitiendo que hay algunas que requieren una regulación mucho más estricta que otras. Yo he escrito un artículo en el que defino cuatro tipos ideales de políticas para las drogas. Primero, tenemos dos modelos dentro del marco de la prohibición: la política del derecho penal extrema, que se liga a la llamada guerra contra las drogas; y la del derecho penal mínimo, que son las estrategias que admiten despenalizar el consumo y algo de la distribución al por menor, pero no la producción, que son las políticas experimentadas en Holanda, Suiza, y ciertas ciudades alemanas e inglesas. Luego, por fuera de la prohibición también hay dos propuestas: la de liberalización, que fue defendida en algún momento por Milton Friedman, que planteaba someter las drogas a las reglas del mercado, algo que me parece problemático porque ciertas drogas sí generan problemas de salud pública que ameritan una regulación estricta y, por último, las políticas de regulación, que descriminalizan las drogas pero las someten a regulaciones muy estrictas. No creo que en el corto ni en el mediano plazo la legalización ocurra, aunque es deber de los académicos seguir planteando que ésa es la alternativa globalmente más apropiada.

—Dice que hay drogas que causan problemas de salud pública, ¿podría establecer cuáles son las diferencias que observa?
—Distintos estudios han demostrado que no es verdadera la oposición entre drogas ilegales y drogas legales, como el alcohol y el tabaco, que serían menos dañinas. El gran giro a favor de la legalización se dio cuando se conocieron investigaciones empíricas que probaron que había usuarios de drogas ilícitas que podrían llevar una vida funcional, ser padres de familia o buenos trabajadores. El primer riesgo de las drogas es que deben ser controladas o sancionadas, porque el consumo de algunas puede producir comportamientos violentos o disminuir la actividad sensitiva del que las utiliza, como es el caso del alcohol. El otro problema es que pueden generar adicción, algunas más que otras. Por ejemplo, la heroína es una droga muy adictiva, pero que genera comportamientos disfuncionales sólo cuando los usuarios no pueden acceder a ella. Así fue como en Suiza o en Inglaterra se desarrollaron programas para darles heroína a muchos usuarios que son relativamente funcionales. El crack, por el contrario, es una droga muy asociada a incidentes de violencia, mientras que el tabaco es muy adictivo y genera daños a la salud pero no ocasiona problemas de comportamiento. En cambio, la marihuana es poco adictiva, genera una cierta adicción psicológica y pocos problemas de comportamiento. Pero la cocaína es mucho más adictiva y consumida en dosis altas puede generar comportamientos problemáticos. Lo importante al regular las drogas es definir usos, abusos y adicciones. Eso permitiría una regulación relativamente razonable.

—¿Cómo serían las políticas de regulación que usted propone?
—Algunos académicos hablamos de una regulación diferenciada de la producción, oferta y distribución de las sustancias, con distintas prohibiciones, como que no se admita publicidad o venta a menores, por ejemplo. En ese caso, también tendríamos un mercado paralelo pero sería mucho más controlable y habría una oferta globalmente manejada por el Estado, con venta permitida sólo en algunos sitios y con el requerimiento previo de una prueba de adicción. Lo que ha demostrado la experiencia del cigarrillo es que con campañas públicas adecuadas de información, con restricciones al consumo pero no con la prohibición, se pueden tener efectos notables en términos de disminución de la adicción y de los problemas de salud pública que trae asociados y, lo más importante, sin aumentar los problemas de mafias, corrupción, inestabilidad institucional y marginación de los usuarios. Cuando se logró vencer las presiones de las tabacaleras, se creó un mercado pasivo: disuadido por el Estado, pero tolerado. Yo creo que ésa es la solución.

—Parecería ser que el narcotráfico termina inundando todo, desde el control policial, hasta el rol del Estado. ¿Los intereses que corrompió ese flagelo son los que impiden que avance una postura como la que usted propone?
—Yo soy muy crítico de los narcotraficantes, pero también de la prohibición de las drogas, y no veo una contradicción en esta postura. Creo que los carteles serían favorables a la despenalización, porque así podrían legalizar sus fortunas. La gran paradoja de América latina es que, como no hemos legalizado las drogas, nos ha tocado recurrir a la legalización de los traficantes, tal es el caso de los integrantes de las mafias que reciben protección a cambio de información. Puede que los traficantes y la burocracia que vive de eso sean los actores más interesados en que no se regularice el mercado, pero son más importantes los temores de la sociedad y de ciertas familias que creen que la prohibición los protege, lo cual no es cierto. Algunos piensan que con la legalización sus hijos van a estar sometidos a que les ofrezcan drogas en todos lados, cuando es todo lo contrario: con la prohibición hay dealers a la salida de los colegios porque es un buen negocio, y no hay nadie ofreciendo alcohol o cigarrillos porque no es redituable. La prohibición da una ilusión de protección, por eso hay que desmontar estos temores.

—Colombia es uno de los países más sumergidos en el narcotráfico, ¿cómo es ponderada en su país la posición que usted defiende?
—Es minoritaria. Yo escribí un artículo que se llama “Entre el desfase de los que saben y los que hacen”, porque cuando uno observa a los que investigamos las drogas en la academia, descubre que mi posición es mayoritaria. No digo que todos seamos legalizacionistas, pero los que hemos estudiado detalladamente el tema, desde el punto de vista del derecho, la economía, la sociología y la ciencia política, la mayoría coincide con lo que yo pienso. En cambio, si uno lleva esa posición a los decidores y a la opinión pública, la postura es muy distinta. Pero yo prefiero seguir teniendo una posición más radical, para demostrar que hay políticas alternativas posibles.

—¿Coincide con la postura que advierte que el Estado colombiano ha colapsado por el avance del narcotráfico?
—El poder de las mafias en Colombia es muy grande, pero yo no creo que Colombia tenga un Estado colapsado, o en vías de colapso. Es cierto que hay mucha penetración de las mafias en el poder político, pero ya se ha podido reaccionar frente a este problema en el pasado, como en 1989 contra el Cartel de Medellín, cuando se logró derrotar esa amenaza, aunque todavía no hemos podido controlar el surgimiento de nuevas mafias. No obstante, confío en que el Estado colombiano tiene resistencias democráticas suficientes. Es el caso, por ejemplo, que evidencia la actual reacción muy valorable del Poder Judicial en su lucha contra la penetración de organizaciones narcoparamilitares en la política y la fuerza pública. Eso demuestra la capacidad de resistencia del Estado colombiano.

—¿Qué diferencias puede establecer entre la relación que tiene la droga con los paramilitares y la que tiene con la guerrilla?
—La guerrilla ha obtenido ingresos del narcotráfico para financiar su actividad revolucionaria, lo que ha generado efectos terribles en términos de incrementar su potencial bélico, pero también en la degradación de la ética guerrillera. Del Che Guevara a los comandantes guerrilleros colombianos, hay un abismo. En cambio, los “paras” siempre han estado asociados a narcotraficantes que se reconvierten en terratenientes y articulan grupos paramilitares, o narcotraficantes que se alían con paramilitares.

—Colombia no ha podido resolver el problema de las drogas, pero el presidente Álvaro Uribe continúa con altos niveles de aprobación popular, ¿cómo se explica?
—La popularidad de Uribe deriva en que les ha dado a los colombianos una sensación de seguridad que reclamaban frente al aumento del desafío guerrillero, generado en los 90, cuando incrementó su capacidad de fuego. Las clases medias urbanas encontraron en el gobierno un sentimiento de seguridad, en algunos casos basados en hechos reales, pero en otros, sin fundamentos. Eso generó su aprobación, pero lo acertado de su estrategia es otra historia.

—¿Cómo califica los resultados del Plan Colombia para atacar las drogas?
—Uno de sus defectos es orientarlo con el único criterio de controlar el narcotráfico. Yo creo que si estuviera destinado a aumentar el fortalecimiento de la democracia, incluyendo un robustecimiento de su capacidad militar, pero sin que se mire exclusivamente su eficacia en términos de disminución de oferta de drogas ilícitas o áreas fumigadas, entonces tendría un mejor resultado.

—El presidente boliviano, Evo Morales, ha hecho una reivindicación muy fuerte de la producción de coca y su base política, incluso, se origina en los cocaleros del Chapare. ¿Cómo analiza su intención de encontrar nuevos mercados para la producción de coca?
—Lo de Evo tiene que ver con la idea de defender los usos distintos de la coca, de dejar en claro que no sólo hablamos de cocaína. Pero, además, se trata de una reivindicación cultural porque muchas culturas indígenas y amazónicas tienen una práctica ritual muy asociada a la coca. A mí me parece muy bien esta defensa, es como que en algún momento a alguien se le ocurriera prohibir el uso del vino a los franceses, sin importar que la cultura francesa tiene una relación muy fuerte con el vino. Morales intenta generar un respeto a la diversidad de otros pueblos y me parece muy elogiable lo que está haciendo en materia de la coca.

—¿Conoce algún otro caso de búsqueda de producciones alternativas?
—En Colombia también tuvimos hace un tiempo unas comunidades indígenas que plantearon producir mate de coca, algo que está autorizado por la Convención Unica de Estupefacientes, precisamente, para generar a los campesinos ingresos distintos a los que provenían del narcotráfico y así disminuir la oferta. Pero el gobierno colombiano prohibió esa producción. Creo que fue una ridiculez, porque en vez de asegurar consumos de coca que no son problemáticos, se terminó fortaleciendo al narcotráfico, donde terminaron recayendo esas comunidades indígenas.