Lejos de representar una situación inesperada o imprevisible, la renuncia de Felisa Miceli a su cargo es simplemente un episodio más dentro de una historia que ya tuvo dos capítulos muy similares, que -especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre- hacían prever un final así para la funcionaria.

No obstante, los antecedentes en cuestión demuestran asimismo que las reacciones del Gobierno no han sido siempre las mismas ni resultan tan previsibles como debieran serlo ante casos como el que motivó la caída de Miceli.

Efectivamente, en el caso del ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Miguel Campos, procesado por supuestas irregularidades en la asignación del cupo para exportación de cortes ganaderos, la respuesta gubernamental fue muy distinta a la que se registró ante el procesamiento de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, los dos funcionarios acusados de haber percibido coimas en el archifamoso Caso Skanska.

El 20 de abril de 2006, Campos, quien secundó a Kirchner en la gobernación de Santa Cruz, se convirtió en la primera autoridad “K” sometida a proceso por posible corrupción, en el marco de una causa por la que, tras sufrir inicialmente un embargo de 10 millones de pesos, finalmente terminó siendo sobreseído en marzo de este año.

Poco después de conocerse la decisión de procesarlo del juez federal Rodolfo Canicota Corral, Campos aclaró a través de voceros que no pensaba renunciar, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a defender su permanencia argumentando que el fallo no estaba firme e iba a ser apelado por el ex “hombre fuerte” de Agricultura.

Finalmente, el 6 de febrero pasado, ante las fuertes presiones para que ello sucediera de diversos sectores del campo, el funcionario renunció a su cargo. Pero antes, como quedó claro, las máximas autoridades gubernamentales lo habían mantenido contra viento y marea bajo su paraguas protector.

Todo lo contrario sucedió con Madaro y Ulloa, quienes estuvieran a cargo del ENARGAS y de Nación Fideicomisos respectivamente hasta que, el 17 de mayo pasado, Kirchner los echó  minutos después de que el fiscal Carlos Stornelli anticipara al ministro del Interior, Alberto Fernández, su decisión de pedir la indagatoria de ambos en virtud de de escuchas telefónicas en las que aparecían implicados.

Esta vez, nuevamente, el Gobierno decidió “soltarle la mano” a quien ejercía un puesto otrora clave dentro de la administración pública, pero que en la práctica claramente no tenía la influencia de antaño. Tal vez por eso, justamente, de la imputación judicial a la renuncia de Miceli hubo sólo un pasito. ¿Volverá a ser así otra vez?