El Gobierno porteño denunció hoy a través de la Procuración General a los representantes de varias primeras marcas de calzado y ropa deportiva por su supuesta vinculación con "trabajo esclavo" en talleres clandestinos.

El ministro de la Producción de la Ciudad, Enrique Rodríguez, afirmó que "está comprobado que las grandes marcas se benefician con la producción de trabajo esclavo", por el cual se pagan sumas ínfimas por jornadas laborales extensas.

Asimismo, consideró que "las condiciones en los establecimientos" donde se confecciona ropa "han variado, podríamos decir entre comillas mejorado", no obstante persistir en algunos de ellos el denominado "trabajo esclavo".

La denuncia se efectuó ante el Juzgado Federal número 3, por presuntas violaciones al artículo 140 del Código Penal y a distintos artículos de las leyes 12.713, de Trabajo a Domicilio, y 25.871, de Migraciones.

A través de un comunicado oficial se precisó que " las empresas involucradas son Unisol S.A. (PUMA), Fila Argentina S.A. (Fila), Distrinando S.A. (Lecop-Arena), Royal Denim S.A. (Bensimon), Alpargatas Calzados S.A. (Topper) y Le Coq Sportif".

En esos lugares, se denunció, " se encontraron trabajadores de origen extranjero indocumentados y violaciones a las normas de higiene y seguridad laboral". Mucha de la ropa y el calzado que fabrican en los talleres clandestinos también se vende en el mercado negro.

Las ferias como "La Salada" de Ingeniero Budge y "La Saladita" en el barrio de Constitución, que ayer por la noche se incendió por causas que aún se investigan, albergan centenares de puestos ilegales que ofrecen prendas de imitación a un menor valor que las originales y producidas por talleristas en pésimas condiciones de trabajo.

La presentación judicial del Gobierno porteño "alcanza también a la firma textil Delos, que recibía encargos de confecciones de las empresas mencionadas y los realizaba en diversos talleres clandestinos".

En conferencia de prensa, Rodríguez aclaró que "desde el año pasado, cuando iniciamos las investigaciones, hay un avance y las condiciones han mejorado en algunos lugares, pero hay que continuar el trabajo y el Estado tiene que seguir ejerciendo el poder de policía".

También advirtió que " muchos talleres se están mudando a otras jurisdicciones y por eso hemos firmado convenios con la Nación y con la Provincia, que deben ser ratificados por la Legislatura de la Ciudad".

Por su parte, el titular de la Unión de Costureros, Gustavo Vera, denunció que "una prenda que se vende al público en 120 pesos, se le paga 4 pesos al tallerista y sólo algunos centavos al operario".

El trabajo esclavo en talleres textiles cobró notoriedad pública luego de incendiarse uno de ellos en marzo de 2006, lo que provocó la muerte de cuatro niños de entre 3 y 15 años y de dos adultos, todos de nacionalidad boliviana.

Fuente: DyN