Un juez porteño reivindicó el derecho de los pobres a vivir en condiciones dignas y cuestionó en durísimos términos a las autoridades locales y nacionales que desde hace 15 años tienen pendiente un plan de urbanización para la Villa 21-24, en el barrio de Barracas.

Además, el juez Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo intervino la mutual de vivienda que representa a esos habitantes, intimó al gobierno porteño a concretar las obras de urbanización pendientes desde hace tres lustros y dispuso una medida cautelar que impide un eventual desalojo.

Las miles de personas que allí habitan, dijo el juez, "continúan viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, en un hábitat degradado, sin servicios elementales y en condiciones que no se condicen con la dignidad de la persona".

"En los 15 años que transcurrieron desde la firma del Boleto de Compraventa y en las más de seis décadas de existencia de esta villa, la realidad de este enclave urbano no sólo no ha mejorado sino que se ha agravado considerablemente" por "las omisiones de las distintas gestiones que se han sucedido en el Gobierno local que no han diseñado ni ejecutado acciones enderezadas a urbanizar esta villa", subrayó el juez Gallardo, protagonista de la puja entre la Ciudad y la Nación por el Casino Flotante, que intentó cerrar en varias oportunidades y por eso se enfrentó al Gobierno porteño.

Las casillas "no cuentan con servicios sanitarios adecuados, no tienen ningún tipo de acceso a red cloacal" y poseen "un sistema de descarga a pozos ciegos ubicados en el interior de las viviendas, de centros y comedores comunitarios y en las mismas calles, con redes informales de cloacas y pluviales cuya descarga se realiza hacia los pasillos y espacios abiertos".

El juez recordó que en 1992 el Estado Nacional le vendió a la Asociación Mutual "Flor de Ceibo-villa 21" el predio donde desde hacía medio siglo estaba el asentamiento, en el marco de un plan que incluía "un programa de desarrollo urbano y social en la Villa 21-24 y regularizar y solucionar definitivamente el problema del hábitat" en ese lugar.

La resolución detalla los obstáculos que atravesó ese plan; uno de los últimos fue el 20 de agosto de 2003, cuando firmaron el Convenio Marco "Asentamiento Villa 21-24" el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.

De la documentación surge que a noviembre del año pasado "las manzanas de la villa 21-24 en proceso de urbanización son sólo tres de las casi 40 existentes (...); luego de más de una década y media sólo se construyeron 94 unidades habitacionales en una villa donde habitan alrededor de 30.000 personas: 50 unidades de vivienda unifamiliar construidas y 14 en ejecución".

Los distintos gobiernos porteños "no demostraron mayor esmero en cumplimentar las obligaciones dimanantes de la norma legal sancionada, por lo que la problemática de las miles de familias de la villa 21-24, entre otros asentamientos urbanos, continuó relegada de la Agenda Pública Local", destacó el juez.

Además, dijo que la mutual "no constituye una representación política democrática y suficiente" y decidió intervenirla y convocar a elección de autoridades para el 15 de noviembre.

Advirtió que hay una causa penal por desalojo de ocupantes en un expediente donde "el Estado Nacional y la mentada mutual serían denunciantes o tendrían participación en la denuncia".

Gallardo consideró así "sorprendente que los victimarios se transformen ahora en víctimas y denuncien una eventual ocupación de tierras, cuando ellos claramente las han detentado por más de 15 años sin haber cumplido su cometido específico, abandonando a las familias a su suerte y permitiendo (...) que su futuro se construya sobre basura y olor nauseabundo de cloacas caseras".

"¿Quién usurpa a quién? ¿Puede el Estado alegar válidamente su propia torpeza, sus omisiones históricas, sus violaciones legales, constitucionales y convencionales de índole internacional (...) y denunciar usurpación de tierras?", afirmó.

"Desalojar de tierras de dominio privado del Estado para literalmente dejar a niños, ancianos y adultos en 'la calle', librados a la suerte que les pudiera caber es, además de inmoral, atentatorio contra el principio basal del orden constitucional, que por ahora sigue siendo la dignidad antropocéntrica", añadió el juez.

Fuente: DyN