Hay cuestiones de Estado en la Argentina que son serias. Otras son disparatadas. Y las hay sencillamente dramáticas, porque diariamente ponen en riesgo a centenares de miles de personas, con "servicios públicos" que, en el caso específico del ex ferrocarril Roca, no logran llegar a la categoría de deplorables.

Lo cierto es que la Justicia está intentando hacer lo que el gobierno de Néstor Kirchner evidentemente no hace, porque si miramos hoy los sercvicios del Roca, a cuatro años de gestión K, no puede decirse una sóla cosa positiva. El estado de las formaciones, penoso. El estado de las estaciones, para olvidar. El estado de las vías, hay un descarrilamiento por semana. El estado de... y así podría seguirse hasta terminar con las instalaciones. El personal ferroviario hace lo imposible para que al menos los trenes anden, pero la situación global (no hace falta más que empezar a preguntar en Constitución) es un verdadero castigo para los usuarios.

Hay que decirlo, el comportamiento de muchos pasajeros también está a tono con el servicio, es directamente salvaje. Se rompen tapizados, la suciedad en los andenes es vergonzante, pero no hay casi vigilancia y el cuadro general es un "no importa nada" que lleva décadas. Encima en ese cóctel de servicio pésimo y pasajeros violentos, está permitida la venta de cerveza (ilegal, por supuesto,como muchas cosas en el Roca) así que puede deducirse cual es el resultado.

Ante este cuadro de cosas, el Gobierno tiene muy en claro que hacer: absolutamente nada. Cuando Néstor Kirchner salió hace un tiempo a anunciar que se le quitaba la concesión a Metropolitano (una empresa con el sello de Sergio Taselli, al igual que Parmalat) pasaron 50 días sin que nadie fuera a hacerse cargo del timón. Y, si hoy hubiera que decir que algo cambió, basta mirar la suciedad de estaciones, andenes, formaciones y vías para concluir en que con o sin Taselli, los pasajeros del Roca están condenados a sufrir.

Lo cierto es que, intentando romper con este cuadro de situación, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó un fallo de primera instancia por el que ordena al ferrocarril Roca a garantizar a los pasajeros "las condiciones mìnimas de seguridad e higiene en lo referente al estado general de las estaciones y de las formaciones".

La causa fue promovida por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, y el fallo confirma una decisión de primera instancia dictada en mayo pasado por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que había sido apelado por el Estado Nacional, que recuperó a mediados de este año el servicio, tras dar por terminada la concesión privada a Metropolitano.

La Sala Uno de la Cámara, con las firmas de los jueces Bernardo Licht y Pedro Coviello, dispuso que el plan de gestión para garantizar un servicio ferroviario en condiciones dignas deberá ser elaborado en un plazo máximo de 30 días. Asimismo dispuso que, en caso de que el servicio sea nuevamente concesionado, las obras deberan estar contempladas a futuro.

"En ambos casos, la elaboración del plan de trabajos y del cronograma de obras debe tener lugar dentro del plazo de 30 días de encontrarse firme la presente y ajustarse al Acuerdo de Gerenciamiento, cuya suscripción debe tener lugar entre la Secretaría deTransporte y la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE)", señala el fallo.

La situación había llegado a la justicia luego de destrozos provocados por usuarios en Constitución, enardecidos por la paralización del servicio, y el gobierno nacional rescindió la concesión de las líneas Belgrano Sur y Roca a la empresa Transportes Metropolitanos, asignando la administración a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), conformada por el Estado nacional y tres empresas privadas, F errovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires (TBA).

El fallo judicial, con las firmas de los jueces Bernardo Licht y Pedro Coviello, ordenó que las mejoras deberán estar contempladas en un eventual pliego de concesión si el Estado opta por ceder la administración del servicio en forma exclusiva a una compañía privada.

Según el fallo, "la elaboración del plan de trabajo y el cronograma de obras debe tener lugar dentro del plazo de 30 días, de encontrarse firme la presente (sentencia) y ajustarse al Acuerdo de Gerenciamiento, cuya suscripción debe tener lugar entre la Secretaría de Transporte y la UGOFE".
La aclaración responde a que la condena puede ser recurrida, con el fin de solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En julio de 2005, Mondino impulsó una acción de amparo para que se condenara al Estado nacional a ejecutar "los controles y acciones necesarias para que la empresa (Transportes Metropolitanos) cumpla debidamente con las obligaciones emergentes del contrato de concesión".