El presidente Néstor Kirchner ordenó hoy de forma urgente a las Fuerzas Armadas que colaboren en la investigación para el esclarecimiento total de la muerte y la recuperación de los restos de los jefes guerrilleros del ERP Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga.

Ambos guerrilleros del ERP -Ejército Revolucionario del Pueblo- fueron asesinados el 19 de julio de 1976 en Villa Martelli mientras se encontraban con varios compañeros. Luego, sus cuerpos fueron trasladados a la guarnición militar de Campo de Mayo, y hasta hoy permanecen desaparecidos.

El anuncio fue realizado esta mañana en Casa de Gobierno por la ministra de Defensa, Nilda Garré, luego de una entrevista con el presidente y de la que participaron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

Durante una conferencia de prensa, Garré estimó que los cuerpos de Santucho y Urteaga podrían estar en Campo de Mayo, aunque aclaró que se tomará contacto con abogados y familiares de ambos guerrilleros para poder precisar el lugar donde se suponen están los restos.

Garré dijo que la orden presidencial alcanza, a través de su persona, al Estado Mayor Conjunto y a cada una de las Fuerzas Armadas.

Además, agregó que el pedido se realizó "atento a que ha habido varias presentaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, simultáneamente se están desarrollando las pertinentes investigaciones judiciales, para dar satisfacción a esa necesidad de buscar el esclarecimiento de los hechos, en una ratificación de la voluntad del Gobierno por allanar todas las dificultades que impidan la búsqueda de la verdad y la justicia".

Ante una consulta, Garré sostuvo que los miembros de las Fuerzas Armadas " niegan tener listas de los desaparecidos" y añadió que el presidente Kirchner "tomó la decisión de que toda documentación en poder militar, y aún las que tuvieran carácter confidencial y secreto, debían ser puestas a disposición del Archivo General de la Memoria".

Garré subrayó que la tarea de la cartera a su cargo es "colaborar lo más rápidamente con la Justicia y no investigar" y añadió que "estamos en contacto con los jueces en la medida que nos soliciten colaboración".

Agregó que la Justicia requirió al Ministerio colaborar en el arsenal Azcuenaga, con asiento en Tucumán, donde equipos de antropólogos intentan remover tierra para encontrar fosas comunes y existe una sospecha que podía haber minas instaladas en el terreno y podría cobrar alguna vida.

Añadió que la Justicia pidió una revisión del terreno para dejar de lado esta amenaza y/o desactivar las minas si estuvieran colocadas, a través de una tarea delicada y compleja que se llevará a cabo.

Fuente: DyN y Télam