En la misma semana en la que fue confirmado para el próximo gabinete, el superpoderoso y cuestionado ministro de Planificación, Julio De Vido, vuelve a ser rozado por un caso de corrupción que involucra a su entorno. 

La Justicia puso bajo la lupa a su secretario privado, Armando Omar Melo, y a Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y virtual viceministro de Planificación, por estar vinculados con la presunta asociación ilícita extorsiva que ofrecía “arreglar” causas en poder del juez Penal Económico Guillermo Tiscornia.

Melo y Baratta mantuvieron desde sus teléfonos celulares varios contactos con uno de los principales sospechosos del caso que está a punto de terminar con la carrera de un magistrado polémico. Se trata de Jorge Raúl Bark, investigado por la Justicia por intentar cobrar coimas a la empresa Codere para que el juez Tiscornia cerrara una causa en la que se acusaba a esa firma.

La empresa, dedicada a la actividad de juegos y apuestas, era investigada por Tiscornia por supuesto contrabando y evasión tributaria. Un grupo de personas, entre ellas Bark, se acercó a esta firma y, con sólidos conocimientos de la información del expediente, le propuso el pago de 4 millones de dólares a cambio del sobreseimiento

Baratta y Melo ya declararon ante la Justicia. Los dos admitieron conocer a Bark y que existieron las comunicaciones telefónicas a sus teléfonos móviles. Mañana, el Consejo de la Magistratura inicia el proceso para remover a Tiscornia de su cargo por este caso.