Aunque la propia Cancillería había oficializado ayer que el caso de los autos diplomáticos que entraban al país sin pagar impuestos y que poco tiempo despuéa eran comercializados en sus valores reales, generando un pingüe negocio, sería investigado por el juez Norberto Oyarbide, el tema cambió hoy de manos. En rigor no cambió, porque Oyarbide sigue de vacaciones y no llegó a enterarse del asunto más que por los diarios, pero la que sí decidió interrumpir la feria judicial para luchar por el esclarecimiento del caso fue María Servini de Cubría, en cuyo juzgado Federal se trabaja activamente en el caso.

La magistrada, por cuyas manos han desfilado decenas de causas relacionadas con el poder desde los tiempos de Carlos Menem, resolvió entonces dar curso a la denuncia presentada por Cancillería sobre irregularidades en la importación de automóviles para diplomáticos (ver aparte), al tiempo que la Aduana se anunciaba el bloqueó de la salida del país de todos los vehículos con documentación "diplomática".

Servini remitió la denuncia al fiscal federal Luis Comparatore, quien impulsará la investigación, aunque antes buscará determinar si la causa es competencia de su fueron o de la Corte Suprema de Justicia. Según explicaron las fuentes, como en los ilícitos estarían involucrados cónsules de otros países -que cuentan con inmunidad diplomática-, y sólo podrían ser investigados por el máximo tribunal de la Argentina.

Mientras tanto, el dictamen fiscal –en el cual podría encuadrarse el delito de “contrabando” e “incumplimientos de deberes de funcionarios público”- estará listo para ser presentado mañana ante Servini de Cubría, quien resolverá si accede a los pedidos, envía el expediente a la Corte o retiene la investigación en fuero federal.


Por su parte, la Aduana argentina requirió la intervención de la justicia en lo penal económico. "Acá hay una situación de evasión tributaria y una transgresión a la política automotriz del Estado nacional", denunció el titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, al tiempo que se preocupó por aclarar que las licencias para el ingreso de los vehículos "no fueron otorgadas por la Aduana, sino por terceros organismos" (ver aparte).

La denuncia aduanera recayó en el juez Aguinsky, quien utorizó las medidas requeridas por la Aduana y dispuso la prohibición de salida del país de los vehículos importados bajo el régimen de franquicias diplomáticas, cuyas autorizaciones habrían sido otorgadas por el titular de dichal área, Jorge Matas, ya desplazado de sus funciones.
Como consecuencia de la medida de bloquear todos los puntos de frontera y puertos del país, los representantes diplomáticos extranjeros deberán gestionar una "autorización expresa" en la Dirección de Investigaciones de la Aduana. Esta área se encargará de mantener contacto con el juzgado y también con Cancillería, para corroborar si se trata efectivamente de un vehículo que integra el parque automotor de los funcionarios de embajadas extranjeras con asiento en la Argentina.

Las normas vigentes establecen que para la venta en el mercado local de un vehículo extranjero importado sin pagar impuestos, que equivalen a casi el 50 por ciento de su valor de compra, el diplomático extranjero deberá aguardar un plazo de nueve meses y acreditar un mínimo de permanencia en la Argentina de un año.

Según trascendió, en el 93 por ciento de los casos investigados, se detectó una nacionalización que no cumplió con los nueve meses correspondientes. También se establece, que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60 mil dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático. No obstante, los diplomáticos importaban autos de marcas costosas como la 4x4 Hummer (que ronda los 130 mil dólares) o Lamborghini (que alcanza los 250 mil dólares), entre otras. Según aseguraron fuentes oficiales, sólo el año pasado se pidieron alrededor de 450 franquicias diplomáticas.

Fuente: Télam y DyN