El asesinato del guerrillero de las FARC Raúl Reyes dio pie a uno de los conflictos armados más graves de la historia moderna de América Latina y luego de las acusaciones cruzadas, llegó el momento de las denuncias formales: mientras el presidente colombiano Álvaro Uribe anunció hoy que demandará ante la Corte de la Haya a Hugo Chávez, "por patrocinio y financiación de genocidas", Ecuador ya acusó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el bombardeo "intencionado" de su territorio por parte de Colombia.

El mandatario colombiano aseguró a la prensa que su embajador en Naciones Unidas “anunciará que Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas".

Uno de los fundamentos sería una carta que el gobierno colombiano aseguró haber encontrado y que compromete a Chávez con la entrega de 300 millones de dólares a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La misiva fue hallada, según Bogotá, en una computadora encontrada en el campamento donde murió el sábado en Ecuador el número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, en un ataque de fuerzas colombianas.

Quito, un paso adelante. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador, Gustavo Jalkh, ya denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el bombardeo "intencionado" de su territorio por parte de Colombia.

" El territorio de Ecuador fue bombardeado y ultrajado intencionalmente, poniendo en riesgo los derechos humanos de los ecuatorianos", dijo el ministro.

En su intervención ante la sesión del CDH en Ginebra, y en referencia a la reciente operación militar colombiana contra las FARC, Jalkh subrayó que Ecuador "rechaza de la manera más enérgica, todo acto que viole su soberanía y afecte su integridad" y que el país "reitera su vocación pacífica, su tradicional respeto a las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario".

El titular de la cartera de Justicia ecuatoriano hizo referencia al artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.

"Violar la integridad territorial de un Estado es violentar la vigencia de los derechos humanos de todo un pueblo y es atentar a los principios básicos de la convivencia aceptados por la comunidad de naciones, como son la paz y la seguridad internacionales", dijo en esa línea el funcionario ecuatoriano.