La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de Naciones Unidas con sede en Viena, dio a conocer su informe anual 2007 y aunque la Argentina aparece mencionada en un sólo ítem del larguísimo trabajo, esa sóla mención alcanza para ser gravísima: señala que somos el país con mayor nivel de consumo de cocaína en la población escolar secundaria del toda América del Sur.

"La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Observatorio Interamericano sobre Drogas publicaron el primer estudio comparativo sobre el uso de drogas en la población escolar secundaria en la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, el Paraguay, el Perú y el Uruguay. Según el estudio, la prevalencia del uso indebido de drogas durante el año anterior había alcanzado el nivel más elevado en Chile en lo que respecta al cannabis (12,7%) y en
la Argentina en lo que respecta a la cocaína (2,5%)", dice la JIFE en sus conclusiones.

En el capítulo dedicado a América del Sur, el trabajo dice textualmente "los estudios recientes efectuados en la región muestran que sigue aumentando allí el abuso de cocaína. Casi el 50% de los drogodependientes que siguen un tratamiento, abusan de estupefacientes del tipo de la cocaína y el 26% de ellos abusan del cannabis. La delincuencia organizada, la violencia y los homicidios relacionados con las drogas siguieron causando estragos en los países de América del Sur. El fortalecimiento de la cooperación entre las autoridades policiales de la región redundó en la incautación de un volumen de cocaína que representa alrededor del 40% de la fabricación ilícita mundial de esa droga".

Agrega que "Toda la región se ve afectada por el cultivo ilícito a gran escala de arbusto de coca, adormidera y planta de cannabis, así como por la fabricación y el tráfico de drogas ilícitas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2006 el 50% del cultivo mundial de arbusto de coca correspondió a Colombia, el 33% al Perú y el 17% a Bolivia. El cultivo ilícito de arbusto de coca se extendió en pequeña escala al Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. En Colombia la superficie total estimada de cultivo ilícito de arbusto de coca disminuyó notablemente en 2006, hasta llegar a 78.000 hectáreas, cifra que equivale a alrededor de la mitad de la registrada en 2000 (163.000 hectáreas). En el Perú la superficie total de cultivo de arbusto de coca aumentó a 51.400 hectáreas en 2006. También aumentó ese año en Bolivia a 27.500 hectáreas (el 8%)".

"En América del Sur la fabricación prevista de cocaína fue de 800 a 1.000 toneladas por año entre 1997 y 2006. En 2006 se intensificaron en Colombia las actividades de erradicación del cultivo ilícito de arbusto de coca y se logró erradicarlo en una extensión sin precedentes de 213.555 hectáreas, lo que equivale a un 26% más que en 2005. Sin embargo, los esfuerzos de erradicación se vieron contrarrestados, principalmente en Colombia, por el mejoramiento de los métodos de cultivo, la siembra de nuevas variedades de arbusto de coca y la eficiencia cada vez mayor de los laboratorios clandestinos que procesan la hoja
de coca. En el Perú se erradicaron cultivos ilícitos de arbusto de coca en 12.686 hectáreas. En Bolivia se erradicaron cultivos de arbusto de coca en 5.070 hectáreas".

"La Junta pide a los Gobiernos de Bolivia y el Perú que adopten medidas para prohibir la venta, la utilización y los intentos de exportar hoja de coca con fines incompatibles con los tratados de fiscalización internacional de drogas. Preocupan a la Junta las repercusiones negativas del aumento de la producción de hoja de coca y la fabricación de cocaína en la región. Prácticamente en todos los países de América del Sur se produce cannabis, y el principal productor de la región es el Paraguay. Ese país abastece parcialmente al mercado ilícito de cannabis del Brasil. En la República Bolivariana de Venezuela el volumen de cannabis incautado en 2006 superó las 21 toneladas, y en otros países, entre ellos el Ecuador y el Perú, se registraron menores volúmenes de incautación".

La Junta prestó especial atención a los avances en algunos países desde que, en su informe correspondiente a 1996, planteó la cuestión de la proporcionalidad de las penas. Se refiere a la errónea polìtica de algunos países de concentrarse en el castigo de los delincuentes menores y los consumidores de drogas, en vez de abordar cuestiones más acuciantes como descubrir, neutralizar y castigar a los que controlan u organizan actividades de narcotráfico a gran escala.