Con total conocimiento de causa, el Poder Ejecutivo está transfiriendo a los exportadores cerca de US$ 2.000 millones. ¿Cómo? Aumenta las retenciones a la soja que pagan los productores pero permite que los exportadores se queden con esa porción enorme; esto es, privatizando ese impuesto en su beneficio. ¡Ni Menem llegó a tanto!
El precio del grano que cobra el agricultor es el del mercado internacional menos las retenciones. Hoy US$ 533, menos 44% que es el impuesto que paga. Pero el responsable del pago al fisco es el exportador que actúa como un agente de retención del impuesto que lo pagará mucho más tarde: 15 días después de haber embarcado el grano.
Las retenciones consisten en dos factores: un porcentual, como dice el Código Aduanero, o con el barbarismo que usó el ministro, Martín Lousteau, alícuota, que se calcula sobre el precio FOB oficial del día en que el exportador registró en la Secretaría de Agricultura un formulario que se conoce como declaración de venta al exterior –que no contiene dato concreto alguno– con el cual se pretende que el exportador congele el nivel de ese día de las retenciones, o sea los dos factores: las alícuotas y el precio FOB.
En noviembre aumentaron las retenciones de 28 a 35% y a raíz de eso quedó en evidencia una situación inédita: cuando ni siquiera había comenzado la siembra de la soja, existían más de 18 millones de toneladas cubiertas por esos formularios, con sólo 4 millones compradas.
Quedó así en claro que eran declaraciones que cubrían ventas falsas y efectuadas al solo efecto de quedarse con el previsible aumento de las retenciones, aprovechando la incapacidad del Gobierno que, desde al menos cinco o seis semanas antes, anunciaba el aumento sin haber cerrado el registro de los formularios.

Informante. Entonces se calculó que con esos formularios los exportadores “privatizaban” US$ 400 millones. El escándalo llevó a que Diputados aprobara un texto que eliminaba esa privatización del impuesto (alícuota y precio FOB) con efecto retroactivo.
Sin embargo, en el Senado se tropezaría el miembro informante, el oficialista Roberto Urquía, quien es dueño de Aceitera General Deheza (la más grande de capital nacional que actúa sin conflictos con las multinacionales Cargill, Bunge, Dreyfus, ADM).
Pese a ese evidente interés personal, Urquía no sólo no se excusó, sino que con el secretario de Agricutura, Javier De Urquiza, y los interesados consensuó un texto que limitó el de Diputados y así se sancionó la ley el 26 de diciembre último. Inclusive, según el senador Miguel Pichetto, violando la instrucción recibida del Gobierno de sancionar sin cambios el texto de Diputados.
El nuevo texto consagraba una doble maniobra: por un lado, el exportador podía seguir presentando el formulario de ventas sin tener comprado el grano al productor; por otro, si el texto de Diputados obligaba, cuando no estaba comprado el grano, a pagar las retenciones vigentes –esto es, alícuota sobre precio FOB–, el impuesto por Urquía al Senado reducía la sanción a uno solo de los factores: la alícuota. De tal modo el formulario seguía congelando el precio FOB del día de su registro.

Declaraciones. Las declaraciones falsas son sobre soja que, además, muestra una sólida tendencia a la suba del precio. Se entregó lo menor para seguir ganando con lo mayor, como lo muestran los números, aunque fue necesario para ello reconocer que las declaraciones son falsas, y que no hay derechos adquiridos.
Ahora los números: las declaraciones falsas congelan precios FOB oficiales del orden de US$ 378 la tonelada contra los no menos de US$ 500 de hoy. El nuevo porcentual de 44 no se aplica sobre 500 sino sobre 378: una ganancia de US$ 122 por tonelada sobre las 14 millones declaradas sin compras. Hoy: US$ 1.700 millones.
Pero las nuevas retenciones son móviles y la soja sigue subiendo, por lo que cada incremento es mayor ganancia para el exportador como que la base sigue igual (US$ 378) y 46% es más que 44% y 48% más que 46%, etc.
No se discute que son declaraciones falsas. Es una situación tan grotesca, que desde el 7 de noviembre no se declaró ni una tonelada más de poroto de soja. Y nada mejor que recurrir a las palabras del senador Urquía en el diario de sesiones del 19 de diciembre: “Desde algunas semanas atrás venían escuchando el runrún de la suba de los derechos de exportación. No se cerraron los registros y muchos exportadores declararon ventas y las registraron... van a poder comprar la mercadería a un precio atenuado y van a quedarse con la diferencia que le correspondería al Estado o en última instancia al productor agropecuario”, situación que otro senador calificó de “apropiación indebida”.
Por eso, concluyó Urquía: “Tienen que tributar los nuevos derechos (de exportación)... es de total justicia y equidad.”
Luego, “derechos de exportación” pasó a ser nada más que las alícuotas y sin siquiera mencionar los precios FOB.
¿Situación inevitable? La norma vigente trae una solución sencilla. Su artículo 8° permite al secretario de Agricultura anularlas y sancionarlas con 10% de multa.
Si no se anulan estas declaraciones reconocidas como falsas –en primer lugar por Urquía– es porque concientemente se quiere que “la apropiación indebida” de este impuesto siga beneficiando a los exportadores.
Habrá entonces que buscar a un fiscal y un juez de Comodoro Py, porque la apropiación indebida es la figura clásica del delito de defraudación.

*Ex presidente de la Junta Nacional de Granos