La subsecretaria bonaerense de Atención a las Adicciones, María Graciela García, y la titular de "Madres en lucha contra el paco", Marta Gómez, reclamaron hoy que se amplíen los programas de atención social y sanitaria a los drogadependientes como requisito previo para una eventual despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Las declaraciones de ambas referentes se producen en medio de una sorda puja entre sectores del gobierno que están a favor y en contra de un proyecto que intenta "ablandar" la denominada "ley de drogas" y de un debate que existe en el seno de la Corte Suprema sobre un fallo que iría en el mismo sentido.

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, propuso la despenalización, ante el sugestivo silencio que perdura hasta hoy de quien debía ser el responsable político de esa temática, el titular de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico (SEDRONAR), José Ramón Granero.

En diálogo con la agencia DyN, García y Gómez evitaron rechazar la modificación que impulsa Fernández, pero coincidieron -con criterios diversos- en que es "necesario" aplicar medidas previas antes de una modificación que podría generar "serios riesgos" para grupos sociales vulnerables, en especial los niños y adolescentes más pobres.

"La despenalización de la tenencia para consumo personal es un debate que debe darse, pero con mucho cuidado porque, de hecho, la actual legislación contempla la posibilidad de que la persona no sea penalizada si acepta un camino terapéutico de rehabilitación", consideró García, funcionaria de Daniel Scioli.

"Una cuestión más clara de abordaje de esta problemática es la posibilidad de quitar la tenencia personal del ámbito de la justicia federal, porque en ese fuero es donde se produce el máximo castigo del Estado", consignó la funcionaria.

Sin embargo, advirtió que esa modificación "no puede leerse como permitir el consumo de sustancias que son tóxicas y que tienen consecuencias sociales, sanitarias y hasta de vida o muerte para sí y para otros".

"La despenalización tiene un serio riesgo, porque vivimos en una sociedad violenta", aseguró García, y reveló que "gran parte de la población que delinque tiene contacto con esas sustancias, aunque no todos los que tienen contacto con esas sustancias delinquen. No hay que hablar desde una posición caprichosa por sí o por no, sino analizar con mesura el tema".

"El debate que se generó puede favorecer que se generen alertas en los adultos. Lo que está claro es que antes de tomar una decisión sobre la despenalización, se deben fortalecer el diálogo, las acciones y los proyectos focalizados en la recuperación de los niños y adolescentes más sumergidos", concluyó la funcionaria.

Marta Gómez, que encabeza una ONG que enfrenta en distintos puntos del país la problemática de la pasta base de cocaína (o "paco"), pidió al gobierno nacional y a la Corte "tener mucho cuidado" antes de autorizar la tenencia para consumo.

"A nuestros chicos los agarran desprevenidos, los detienen, les hacen causas, mientras el narcotraficante queda en la calle vendiendo igual. Es necesario que eso no pase, pero el Estado antes tienen que hacerse cargo de planes educativos, de salud, sociales y laborales, sobre todo para los chicos y los jóvenes", consideró la titular de "Madres en lucha contra el paco".

"En estas cosas el Estado debería hacer las cosas mínimamente bien. Sería muy importante tratar el tema salud, el social, el laboral, para que a los pibes no siempre lo tengan dándole palos, porque hoy día hay una salud ausente", consignó.
Finalmente, advirtió que una modificación sin "contención previa sería ir de un extremo al otro, habría mucho riesgo sin pensar que los que corren más peligro son nuestros pibes".

Fuente: DyN