Las FARC -que desde hace varios meses monopolizan el debate político en Colombia, Venezuela y Ecuador- ahora también protagonizan la escena pública costarricense, tras el destape de un escándalo que el Gobierno no logra dejar en el pasado.

Fernando Berrocal, ex ministro de Seguridad, fue el primero en sufrir las consecuencias, luego de ser destituido el domingo pasado, tras haber prometido difundir los nombres de políticos locales que tendrían nexos con la guerrilla. A un día de presentarse ante un plenario legislativo, Berrocal fue removido del cargo por el Ejecutivo y enviado de “vacaciones” a Europa.

La decisión generó una ola de reacciones en la oposición, que no tardó en salir a acusar al Gobierno de falta de transparencia y exhortó al Presidente a entregar los nombres de los políticos que integran la famosa nómina.

Rodrigo Arias, mano derecha del mandatario, salió a decir que “no existe lista alguna” y criticó a los “espíritus mezquinos” que insisten en sostener que el Gobierno intenta ocultar información que vincula “a políticos costarricenses con las FARC y el narcotráfico en general”, informó El País .

En el Congreso, se creó un comisión especial para investigar el tema, mientras que las fiscalías costarricense y colombiana intentan conocer el origen de 480.000 dólares que fueron encontrados en la vivienda de un reconocido académico y su esposa tres semanas atrás, y que pertenecerían a las FARC.

Fue el hallazgo de este dinero lo que encendió el debate en torno a la guerrilla, que viene a revolucionar una escena política que durante cuatro años estuvo dominada por la discusión en torno a la firma del TLC con Estados Unidos.

Por el momento, el gobierno costarricense –aliado histórico del mandatario colombiano Álvaro Uribe- intenta mantener tapada la olla de un escándalo que amenaza con explotar en cualquier momento.