La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, impulsada por el ministro de Justicia Aníbal Fernández y que cuenta con media sanción en el Senado desde diciembre de 2006, promete hoy una ardúa batalla en Diputados a raíz del rechazo que la oposición y distintas ONGs plantearon, en especial, a un artículo del proyecto.

Se trata del artículo dos -principal punto de conflicto- que postula que las víctimas de trata mayores de 18 años deberán probar que no consintieron ser esclavas o esclavos. Esto fue objetado por distintas organizaciones de mujeres, el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos.

Monique Altschul, Directora Ejecutiva de la Fundacion Mujeres en Igualdad, integrante de la Red No a la Trata, dijo al respecto a Perfil.com: "Nos oponemos porque esta ley distingue entre víctimas mayores y menores de 18 años. Y para los mayores de 18, establece que es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, engaño o amenazas para que exista delito. ¿Cómo puede una víctima de trata, en el estado de vulnerabilidad en el que quedan, probar eso?". Altschul explica: "Eso sería presumir que se puede consentir la propia explotación y eso favorecería la impunidad de proxenetas y tratantes".

Entre otros puntos, las distintas Ongs observan que la explotación de la prostitución ajena -que constituye alrededor del 90% de los casos-, así como las demás situaciones que abarca la trata, deben ser siempre considerados delito, sin que importe el consentimiento de las víctimas.

Por su parte, la diputada Nora Ginzburg del Bloque Recrear -quien firmó con disidencia parcial el dictamen de mayoría- sostuvo que es un error diferenciar entre menores y mayores en el caso de trata. "Me parece inapropiado establecer como requisito de la trata, la existencia de un consentimiento. Creo que eso debe integrar los agravantes y no la definición del delito", explico a Perfil.com. Ginzburg cree, además, que las penas fijadas por esta ley (de 3 a 6 años de prisión) deberían ser más severas, por eso presentará sus propuestas de modificación de 4 a 10 años, entre otros puntos.

Desde la Coalición Cívica, respondieron con otro proyecto de ley presentado por la diputada Fernanda Gil Lozano, en disidencia con el del oficialismo. "Estamos muy preocupados con la posibilidad de que se apruebe el proyecto oficialista porque no sólo es una ley incompleta -que distingue entre mayores y menores de edad a las víctimas-, además dejaría sin un programa de asistencia y ayuda a las víctimas de este delito", aseguró Gil Lozano. Aclaró, además, que aunque se precisa una ley porque la situación de la trata "está descontrolada". "Sospecho mucho de leyes impulsadas desde el Ejecutivo y más de una ley con media sanción del Senado en donde no fueron consultadas las Ongs y fundaciones de la sociedad civil que hace años trabajan el tema", admitió.

Mientras el debate ya se lanzó, las Ongs, son muy claras a la hora de describir qué ley quieren: "Una ley que condene a los proxenetas y tratantes; que no presuma el consentimiento de las víctimas, ni las distinga en menores o mayores; que no exija probar que las personas objetos de trata no estuvieron de acuerdo con ser sometidas a la misma; que establezca la responsabilidad insoslayable del Estado en laprotección de los afectados. Una ley que proteja efectivamente los Derechos Humanos de las víctimas", manifestaron.