La salida de Lousteau del Ministerio de Economía refuerza la pregunta de si el modelo Kirchner ha entrado en crisis o no.
En la mirada de un analista político, la visión de poder del kirchnerismo está directamente ligada a la economía y tiene un término muy concreto: la caja.
Podrá decirse que siempre ha existido, históricamente, una relación entre el dinero y el poder.
Pero nunca como ahora, en la Argentina dicha realidad es tan explícita y asumida en forma más cínica y directa.
La caja ha sido la herramienta disciplinadora de instituciones, gobernadores, intendentes, sindicalistas, medios de comunicación y sectores empresarios, logrando a través de ella la mayor acumulación de poder político-institucional que registra un presidente constitucional argentino, con la sola excepción de Perón entre 1946 y 1955.
Cuando en 2007 el Congreso dio al jefe de Gabinete los llamados superpoderes en forma permanente y –de ahora en más sin la necesidad de su renovación anual, como había tenido lugar hasta entonces–, el oficialismo pasó a tener un instrumento extremadamente poderoso.
Esto se combina con una técnica que, subestimando los recursos del presupuesto, junto con  el incremento de la recaudación, permite al Ejecutivo gastar, fuera del control parlamentario, una cifra aproximadamente igual a la mitad del presupuesto aprobado.
Este año, están autorizados gastos por 169.000 millones de pesos, pero resulta que la recaudación, combinando la inflación y los mayores ingresos, puede llegar a los 250.000 millones de pesos o más. Es decir que el jefe de Gabinete podrá gastar cerca de 80.000 millones de pesos fuera del control presupuestario y en forma arbitraria desde el punto de vista político. 
La búsqueda de un superávit fiscal importante no ha sido prioritaria para el kirchnerismo por ideología económica, sino por necesidad política.
Además, cabe señalar que el dinero no compra lealtades, sino que en realidad, sólo las alquila. Genera adhesiones políticas frágiles, que se quiebran cuando la caja escasea o la situación política de quien manda se debilita, o se torna endeble o peligrosa.
Esta estrecha y directa relación entre el superávit fiscal y el poder político del kirchnerismo parece haber entrado en crisis por cuatro causas, que combinan lo político y lo económico.
La primera es el aumento de la inflación, que en el segundo trimestre ha sido el récord en cinco años. Las proyecciones hablan de 30% anual o más, similar al nivel de Venezuela. Los dos países no sólo tienen la más alta de América latina, sino que también se encuentran en la decena con inflación más alta del mundo. Los alimentos crecen más que el promedio y ello está aumentando la pobreza y la indigencia y reduciendo el consenso del Gobierno.
La segunda es el incremento del gasto público. El año pasado, con motivo de las elecciones presidenciales, fue el más alto de América latina, con un aumento del 50%. Este año habría crecido 40% hasta marzo y 30% desde entonces. Esta es una de las causas de la escalada inflacionaria. Lo sensato sería dejar de aumentar el gasto público, pero ello implica que la caja –para seguir girando fondos a provincias, gobernadores, sindicalistas y empresarios– disminuye, lo que resulta inviable para el modelo de poder kirchnerista.
La tercera es el tipo de cambio. Un economista puede decir, con fundamento, que dejando caer o revaluar el dólar la inflación se frena, y económicamente es así. Pero el Gobierno no utilizará este instrumento, porque si revalúa, no sólo la industria pierde competividad, sino que los ingresos por exportaciones caen, recibiendo el Gobierno menos pesos por cada dólar que se exporta. Ello reduce la caja y en consecuencia el poder político del Gobierno para asegurarse lealtades.
La cuarta es que se ha abierto la discusión política sobre las retenciones. Una década atrás, las provincias recibían 49% de lo que recaudaba el Estado nacional y ahora sólo 30%. Terminan recibiendo más, a través del gasto discrecional que determina el jefe de Gabinete –en los hechos, lo decide el ex presidente Kirchner–, pero esto es discrecional y constituye el uso efectivo de los recursos como instrumento disciplinador. A poco de asumir Cristina, fue el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, quien cuestionó las retenciones, que no se coparticipan. El conflicto con el agro hizo que las municipalidades rurales hicieran la cuenta de cuánto aportan al Gobierno nacional por retenciones y cuánto reciben a cambio. Es por ello que por primera vez en más de un año, el Senado reunió su Comisión de Coparticipación. 
La Argentina no se encuentra frente a problemas políticos o económicos insolubles, sino todo lo contrario.
El Gobierno ha ganado hace seis meses con el 45% de los votos y la oposición es la más dividida que registra la historia argentina. La economía crece al 7% y la recaudación fiscal es récord histórico. 
Sobre esta sólida situación, un gobierno que recién comienza su período de cuatro años tiene amplio margen para enfrentar con éxito los problemas y resolverlos.
Pero el principio de que la caja manda y sin ella no se puede mantener el poder político, porque las lealtades alquiladas desaparecen, es la gran traba que impide hoy al Gobierno resolver los problemas, y en particular contener la inflación que se desborda.
Es así como la salida de Lousteau confirma que el modelo Kirchner se encuentra en dificultades y la designación de su sucesor evidencia que Néstor Kirchner prefiere seguir teniendo ministros de Economía de bajo perfil.

*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.