La próspera región de Santa Cruz de la Sierra aguarda en un clima de tensión el referéndum sobre estatutos autonómicos que definirá su futuro este domingo.

En medio de llamados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la comunidad internacional a preservar la unidad territorial y el respeto a la democracia, un clima de expectación, aunque de calma, predominaba en las zonas urbanas de Santa Cruz.

Las encuestas señalan que el Sí por la autonomía tendrá a su favor un 70 a 75% de los votos, aunque esa opción tiene fuerte oposición en los sectores empobrecidos y en áreas rurales leales al presidente socialista. El referendo, calificado de anticonstitucional por Morales, "es una manifestación clara para dirigirse hacia un Estado independiente", estimó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para quien el tema de la tierra era "el problema de fondo".

La consulta no cuenta con el aval de la Corte Nacional Electoral, por lo que será validado por la Corte Departamental, que entró en disidencia. No es sin embargo seguro que los 930.000 votantes potenciales tengan acceso a las urnas, especialmente en ciertos bastiones fieles a Morales como San Julián o Cuatro Cañadas. "Urna que llegue a San Julián, será urna destruida", advirtió Ernancio Cortez Méndez, un líder local.

Las fuerzas del orden bajo control del Estado no asegurarán la seguridad del escrutinio, lo que aumenta los riesgos de violencia. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, llamó a la población a "movilizarse en paz". Una declaración suya de comienzo de la semana, en que dijo que con el referendo se habrá puesto en marcha "una segunda República", reafirmó los temores del gobierno de que la jornada es una amenaza de independencia de Bolivia, creada en 1825. Santa Cruz tiene una dicotomía muy marcada con una clase social alta de blancos y descendientes de extranjeros, y nativos e inmigrantes bolivianos de las tierras altas empobrecidas, por el otro lado.

Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 38,7% de su población de unos 2,5 millones de habitantes está en el umbral de la pobreza. Según las poderosas élites agroindustriales, productores especialmente de soja, oleaginosas y azúcar, esa situación se debe al centralismo que ejerce La Paz. La tensa situación que vive Bolivia motivó un llamado de la OEA por la unidad nacional y la democracia en este país, expresado el viernes durante una sesión extraordinaria que celebró en Washington.

Esta región, la más rica de Bolivia que concentra el 30% del PIB nacional, será la primera en acudir a las urnas en un proceso que pretende romper con el centralismo de La Paz. Otro referendos autonómicos se celebrarán en los próximo 50 días en Beni (noreste), Pando (norte) y Tarija (sur), que junto Santa Cruz conforman una especie de media luna geográfica. "Creo que para todos es claro que hay hechos que se van a producir en los próximos días en Bolivia que nos preocupan de manera fundamental que pueden conducir a consecuencias no deseadas en ese país", advirtió el viernes el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

El llamado de Insulza se produjo después de que el emisario de la OEA, Dante Caputo, presentara al Consejo su informe sobre su visita esta semana al país andino. Preocupado por la situación, el Consejo Permanente de la organización rechazó "cualquier intento de ruptura" del orden constitucional y de la integridad territorial del país. También llamó "a todos los actores" a que "sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, excluyendo cualquier acción que pueda llevar a la ruptura de la paz, del orden constitucional y afectar la convivencia entre los bolivianos".