En el distrito de Morón, donde gobierna el progresista Martín Sabbatella, la iniciativa no fue bien recibida. "Creemos que existe un retroceso en materia de seguridad pública. León Arslanian fue quién vetó e impidió que los barones del Conurbano pudieran crear su propia policía", sostuvo Sebastián Sanguinetti, funcionario municipal, a través de un comunicado. Cerca del intendente de Móron se manifestaron "en contra de armar a policías retirados de la fuerza para patrullar las comunas". Allí, en estricto off the record, aseguran que el acuerdo podría ser rechazado.

En la localidad de Quilmes el panorama tiene sus bemoles. El intendente Francisco "El Barba" Guitierréz todavía no firmó el convenio propuesto por el ministro de  seguridad Carlos Stornelli. En el entorno del jefe comunal evalúan, que el costo financiero para la implementación supera los 300 mil pesos, una erogación demasiada alta para el presupuesto que dispone la comuna. Sin embargo, aunque admiten que el problema de "la inseguridad le explota cada vez más cerca al intendente"; reconocen ciertas falencias en la instrumentación.  El método para el nombramiento de personal retirado parecer ser la clave. "Quizá, eso no sea lo apropiado", sugieren.

El Plan. El sistema, popularmente, conocido como Patrulla Comunitaria fue lanzado en el mes de abril por el Director de Seguridad Pública, Néstor Franco, quien lo implementó en 2003 en el distrito de Ezezia bajo el rótulo"Tolerancia Cero contra la delincuencia", a través del ex menemista Alejandro Granados.

La idea sedujo al ministro de seguridad provincial Carlos Stornelli, que convocó a Franco para la gestión de Scioli y que, ahora, se planea implementar en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

El plan Patrulla Comunitaria prevé la instalación de cámaras de seguridad que permitan monitorearlos desde el municipio, a través del sistema de fibra óptica. También habrá una central telefónica que mantendrá contacto con el móvil municipal, que patrulla la región. "Los móviles policiales tendrá los colores del municipio y se abrirá una convocatoria a suboficiales retirados en condiciones de trabajar", aseguran desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, quienes niegan que haya armamento para ex suboficiales.

Para el concejal del Frente para la Victoria de San Miguel, Carlos Puricelli, la cuestión es delicada. "Hay un gran problema: en la gestión de León Arslanian hubo varias purgas de la Policía Bonaerense y existe mucha mano de obra desocupada que está afuera en agencias privadas. Ahora ¿qué criterios van a tener para la elección si no está  reglamentado desde La Provincia?". Quienes ya rubricaron el acuerdo se envalentonan con que la nueva policía municipal controlada y supervisada por los intendentes del Conurbano podrá interceder para disminuir los índices delictivos del distrito. "Tendrán chalecos antibalas y armas", señaló uno de los jefes comunales kirchnerista que suscribió al convenio. Y defendió:  "Los policías civiles no podrán descender de los patrulleros". Los sueldos, que en algunos casos, llegarán a 2500 pesos más los adicionales, se pagarán desde las arcas municipales.

A las comunas de Campana, Ituzaingó y San Miguel se prevé que en las próximas semanas se sumen Lanús, Almirante Brown, Tres de Febrero, Hurlingham, Merlo y Malvinas Argentinas. Obviamente, no es obligatorio y el plan de civiles retirados de la fuerza despertó la polémica.

"Serán ex miembros de la Gendarmería y la Prefectura que deberá pasar el filtro de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Planeamos que sea una policía disuasiva", sostuvo a PERFIL.com el Secretario de Gobierno de Ituzaingó, Alfredo Almeida. En tanto, en esa repartición del Estado provincial todavía no fueron notificados del proyecto, que impulsa Stornelli.

* Redactor del diario Perfil