Charlas y más charlas. Congresos y más congresos. Designación de funcionarios en apariencia “duros” para que corten “de raíz” el problema. Solemnes declaraciones lamentando la última muerte y prometiendo investigaciones “hasta las últimas consecuencias”. Críticas virulentas -o no tanto- hacia la AFA, Julio Grondona, los organismos de seguridad, los dirigentes de los clubes, la Justicia. Todo eso se “hace” para poner punto final a la violencia en el fútbol. Pero, ¿sirve de algo? ¿Hay una verdadera decisión de terminar con este mal?

La respuesta, claramente, es negativa. Las cifras de muertos y heridos en las canchas siguen incrementándose de un modo que parece imposible de controlar, incluso en circunstancias en las que nada parece anunciar un hecho de este tipo. Y esto es posible gracias a un entramado siniestro del que forman parte no sólo la AFA, Grondona, los organismos de seguridad y dirigentes de clubes, sino también políticos y sindicalistas.

Es esa compleja trama de intereses y relaciones más o menos ocultas según el caso lo que realmente explica no sólo la constante repetición de casos de violencia y muerte en las canchas, sino también un detalle clave para que el fenómeno se reproduzca: la impunidad con que se mueven los barrabravas, solamente explicable a partir del uso y la protección que reciben desde la política y el sindicalismo.

Si no se quiere ver o atacar sólo la punta del iceberg, en definitiva, es más que necesario tomar en cuenta este verdadero “mapa de la connivencia” que hoy se presenta aquí, a modo de anticipo de una investigación exclusiva de Perfil.com que, con testimonios como el del ex juez Mariano Bergés -quien investigara los vínculos con el poder de las barras de Boca y Chacarita-, permitirá entender entre otras cosas por qué resulta imposible en la Argentina la implementación de una solución “a la inglesa” para este problema.