El conjuez federal de Rosario Jaime Belfer produjo esta semana, tan cargada de hechos complicados e inquietantes, un fallo a cuyos fundamentos hay que prestarles atención. Este fallo se refiere a un recurso de amparo presentado por los Dres. Fabio Cerrutti Saco y Sergio Bollatti a través del cual un productor protestó contra la aplicación de las retenciones móviles. El juez concedió ese amparo, por el cual el productor podrá exportar sin sufrir el descuento de esa imposición. En sus fundamentos dijo, entre otras cosas, las siguientes:

“Las alícuotas variables al derecho de exportación de cereales, lo que se denomina ‘retenciones móviles’, establecidas por Resolución 125/08, son de naturaleza tributaria en tanto, como derechos de exportación, se encuentran legisladas en el Código Aduanero bajo los títulos de ‘Tributos regidos por la legislación aduanera’ y ‘Especie de Tributos’ (sección IX, capítulo I respectivamente).”

“Confrontando la citada resolución con las disposiciones constitucionales pertinentes, se advierte en principio, atento al carácter provisional de la cautelar (arts. 202 y 203 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial Nacional) que aquella viola estas últimas en cuanto al funcionario competente para dictarlas.”

“La Constitución Nacional sancionada en 1994 ‘prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materia determinada de administración o emergencia pública’ (art. 76), por lo cual lo referido a materia tributaria, al estar excluido de la salvedad, queda prohibido al Poder Legislativo delegarlo en el Ejecutivo.”

“En armonía con esa disposición, el art. 99 inciso 3 de la misma Constitución expresa que ‘el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo’ autorizándolo a dictar los denominados decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales, pero siempre que no se trate de normas que regulen materia… tributaria.”

Los fundamentos de este fallo sirven para generar una reflexión que debería hacer no sólo el campo sino también la sociedad toda. Tiene que ver con la calidad institucional. En efecto, cuando hablamos de calidad institucional, la impresión que se percibe en la ciudadanía es que nos referimos a algo abstracto que en nada modifica nuestra vida diaria. Recién nos damos cuenta de lo que significa una buena o mala calidad institucional cuando sucede algo que altera nuestra realidad cotidiana. Es lo que está pasando ahora. Cuando se discutieron los superpoderes por los que el Congreso resignó su facultad de ser el poder que dictamina sobre la creación o modificación de impuestos, hubo voces que llamaron la atención sobre los riesgos que ello significaba para la salud de la República. Sin embargo, esas voces no fueron escuchadas. Ahora, muchos se están dando cuenta de la importancia de esa advertencia ya que, si el Congreso hubiera retenido su potestad de controlar el tema impositivo, el Poder Ejecutivo debería haber mandado un proyecto proponiendo las retenciones móviles. Una vez entrado al Congreso, habría habido debate y análisis del tema en las correspondientes comisiones, lo que hubiera permitido advertir los errores de esta resolución con su consecuente modificación o anulación. Hasta el mismo Gobierno se habría beneficiado con esto. Pero eso, lamentablemente, es lo que no ocurrió, y ahora la sociedad toda está pagando las consecuencias.

Al Gobierno lo alteró profundamente el acto organizado por el sector agropecuario en Rosario. La excusa para suspender la reunión, acordada para el lunes 26 con los representantes de las entidades rurales, tuvo que ver con el tono de alguno de los discursos pronunciados al pie del Monumento a la Bandera. En concreto, el que más molestó no fue tanto el de Alfredo De Angeli sino el de Eduardo Buzzi, el presidente de la Federación Agraria Argentina. Es verdad que el suyo no fue un buen discurso. Hubo allí algunas expresiones poco felices e imprudentes. El mismo Buzzi, finalmente, lo reconoció. Ahora, de allí a que el Gobierno tomara eso como la razón por la que canceló la reunión de ese lunes, es de una inconsistencia supina. Primero porque con ese criterio, visto las cosas que se dicen en las tribunas y en las manifestaciones en el transcurso de cualquier protesta, no habría posibilidad de negociación alguna en ningún conflicto. Segundo, porque cuando se ejerce un cargo de alta responsabilidad en un gobierno, se debe pasar por sobre cualquiera de esas circunstancias, ya que lo que se debe atender siempre primordialmente es la solución de las disputas y el logro del bien común. Y, tercero, porque si la decisión de dialogar o no se basara exclusivamente en los discursos dichos en una tribuna, muy pocos estarían dispuesto a sentarse, siquiera, a tomar un café con el Gobierno debido a las ofensas y descalificaciones que son materia común en los discursos del ex presidente en funciones cada vez que se para frente al atril o habla en un acto público.

A partir de Rosario, el Gobierno, decididamente, ha buscado plantear esto como un problema de gobernabilidad. El matrimonio presidencial cree que hay un plan de desestabilización.

Lo increíble de esto es que todo se hace a partir de un error. En efecto, confirmando lo que había sido adelantado en esta columna el 27 de abril pasado, uno de los asistentes a aquella famosa reunión con el Lic. Martín Lousteau confirmó lo dicho por el ex ministro de Economía quien, allí, reconoció que las retenciones móviles habían sido una iniciativa suya para anteponerse a otra de Guillermo Moreno. Este quería imponer retenciones fijas del 60% a las exportaciones de soja y girasol. Además, Lousteau señaló que las retenciones móviles tenían errores matemáticos que las hacían inaplicables.

La estrategia del Gobierno sigue los lineamientos de Néstor Kirchner. Con la suspensión del diálogo, el lunes pasado, el objetivo fue el de empujar al campo al paro. Con las medidas anunciadas el jueves, la idea fue la de avanzar con hechos consumados y buscar dividir el frente interno del sector y ponerlo, de cara a la opinión pública, como el malo de la película. “Ahora la idea es la de buscar el desgaste del campo. No habrá ninguna nueva medida.” Estas son las expresiones que reflejan el pensamiento del matrimonio presidencial.

Al día de hoy, se sabe que la dirigencia rural piensa en levantar el paro el próximo lunes. Sin embargo, en muchos pueblos del interior hay bastante bronca y la gente quiere continuarlo hasta el viernes.

El agrietamiento del frente interno del Gobierno, más allá de las demostraciones de poder que viene haciendo el ex presidente en funciones desde la sede del Partido Justicialista, es fuerte. A propósito, estos son días muy intensos para el Dr. Kirchner, y los que vienen lo serán aún más debido al viaje de la Presidenta a Roma para participar de la reunión de la FAO. En esos días, el ex presidente en funciones gobernará a pleno. De todas maneras su rutina diaria ya contempla eso. Su jornada comienza temprano con llamados a distintos funcionarios de gobierno requiriendo información y ordenando cursos de acción. Un detalle más. En principio, los gobernadores del radicalismo K que aún persisten en la concertación tienen agendada una reunión con el Dr. Kirchner para esta semana.

Los hechos de más repercusión que muestran el resquebrajamiento del frente interno del Gobierno lo han representado las declaraciones del ex gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, quien habló de la metodología estalinista del justicialismo K, y la carta del senador nacional por la provincia de Santa Fe, Carlos Reutemann. El, que es un productor sojero, es un crítico de las retenciones móviles. Se le ocurrió ofrecerse como mediador entre el Gobierno y el campo. Lo sacaron vendiendo almanaques. El ex piloto de Fórmula Uno ya tiene decidido que presentará batalla en la interna del PJ de su provincia para enfrentar al alfil del Gobierno, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

La situación dentro del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires es de máxima tensión. El grupo de legisladores que responde a Felipe Solá estuvo a punto de no firmar una declaración del bloque del Frente para la Victoria de apoyo al Gobierno nacional. Además, en el off-off, las paredes del Parlamento bonaerense son los testigos mudos de las críticas crecientes a la Presidenta y al ex presidente en funciones por parte de la mayoría de los legisladores oficialistas.

Sobre todo esto se ha montado la decisión del fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, de detener y procesar a dirigentes políticos y rurales, y a chacareros que participaron de los cortes en la ruta 9. Está claro que los cortes de ruta son ilegales. Esto es lo que dice la ley. Eso es indiscutible. Ahora, la discrecionalidad con la que se aplica la ley es uno de los males de la Argentina.

La medida ha generado sospechas en forma inmediata. El fiscal ha dicho que su accionar es totalmente independiente del Gobierno. ¡Qué otra cosa podía decir! Tal vez sea así. Ahora, ¿cómo creer esto cuando aquellos que responden al Gobierno y que cortan calles y rutas, toman comisarías o hacen exhibición de armas nunca son molestados por la Justicia?

En estos conflictos se ven las bondades del estadista.

El estadista no busca vencer sino convencer.

El estadista busca la solución de los problemas y no su prolongación.

El estadista escucha y reconoce errores.

Evidentemente, ni Cristina Fernández de Kirchner ni Néstor Kirchner han sido dotados de estas bondades. Penoso.

Producción periodística: Guido Baistrocchi