Felipe Calderón debe ser el presidente latinoamericano con la agenda política más agitada en las últimas semanas. Evo Morales tendrá que lidiar con plesbiscitos autonomistas, Cristina Fernández con el enojo campesino y Álvaro Uribe con Alfonso Cano, heredero de Marulanda en la cabeza de las FARC, pero ninguno parece tener tantos frentes de importancia abiertos a la vez como Calderón.

Uno de los ejes del gobierno de Calderón fue, y sigue siendo, la promesa de poner fin a la violencia vinculada al narcotráfico. Desde su llegada a la presidencia en 2006, Calderón ha movilizado más de 25.000 soldados para intentar cumplir con esa promesa.

Ejecuciones. Mayo fue el mes más violento en un lustro en México, según cálculos del diario El Universal: al día 26 habían sido asesinadas 370 personas en crímenes vinculados al narcotráfico, entre ellos Eusebio Millán Gómez, jefe nacional de policía y máxima cara visible de la lucha contra el narcotráfico.

El día 27 fueron asesinados ocho policías federales en el norteño estado de Sinaloa, la baja más importante de policías en la lucha contra los narcos, y el viernes 30 fue acribillado, mientras caminaba por la calle, Ramón Castro Maldonado, el jefe de policía de Mazatlán, segunda ciudad del  estado. En lo que va del año se estima que murieron unas 1.300 personas en todo el país por crimenes vinculados al narcotráfico.

Sinaloa es uno de los bastiones del tráfico mexicano y fundo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, el hombre más buscado del país y fundador y cabeza del cartel de Sinaloa, uno de los dos más importantes de México. El cartel de Sinaloa es, además, pilar de La Federación, una agrupación de carteles mexicanos.

Desde 2001, Guzmán Loera es fugitivo de la justicia por haberse escapado de la cárcel. Al tener que estar en movimiento constante para evitar ser detenido tiene más dificultades para actuar que la mayoría de los capos del narcotráfico, y su movilidad parece jugarle en contra al momento de controlar su negocio.

Su debilidad ha dado lugar a una guerra de poder en Sinaloa al haberse envalentonado otros narcos, que buscan quedarse con su negocio. Entre estos otros se destacan Los Zetas, ex matones a sueldo del cartel del Golfo (el segundo cartel en importancia del país), que se han consolidado como fuerza independiente y ven en la debilidad de Guzmán Loera la posibilidad de expandirse. Reconocidos por su violencia, muchos Zetas son ex oficiales del ejército.

También quieren aprovechar los vientos de cambio los capos del cartel de Juárez, ex aliados de Guzmán Loera en La Federación y que ahora buscan echar a los sinaloenses de Chihuahua para quedarse ellos solos con el estratégico estado fronterizo con Estados Unidos.

La guerra en Sinaloa ya le ha costado la vida a Edgar Guzmán, hijo de Joaquín, asesinado por narcos rivales el 8 de mayo.

Soldados. Chihuahua es, estadísticamente, el estado más violento de México, pero la guerra contra Guzmán ha puesto a Sinaloa en el centro de todas las miradas. Por eso, el 13 de mayo el Gobierno federal de Felipe Calderón envió 2.723 soldados y policías federales a reforzar la seguridad estatal.

El Gobierno de Calderón argumenta que es necesario utilizar al ejército para combatir el narcotráfico porque las policías estatales por sí solas no pueden, dada la simbiótica relación entre muchos miembros de las fuerzas de seguridad y los carteles.

Calderón dice que "la reorganización" de los carteles que está detrás de la guerra entre narcos es resultado del éxito de sus políticas de seguridad. Sus críticos, en cambio, ven en la creciente violencia el resultado de un plan de seguridad estatal ineficiente y de un pobre trabajo de inteligencia.

Carestía. Uno de los principales problemas de Calderón es que la lucha contra los narcos no es el tema excluyente de su agenda política. Otros eventos se instalan en ella sin que haya forma de impedirlo. El más apremiante de estos temas auto-instalados es la suba de los precios de los alimentos (a la que los mexicanos se refieren simplemente como la "carestía"), y la escasez de alimentos básicos.

La crisis de la carestía es reconocida abiertamente por el gobierno. El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, informó esta semana que durante cinco años México no producirá los alimentos suficientes para cubrir las necesidades básicas y definió a la carestía como "un problema de seguridad nacional".

El domingo pasado Calderón anunció la suspensión del cobro de aranceles a las importaciones de trigo, arroz y maíz. Según opositores, el problema inflacionario es de especulación.

Reformas. El conservador gobierno de Calderón quiere “modernizar la economía”. Para eso busca una reforma energética nacional y poner fin al virtual monopolio telefónico de Telmex, empresa propiedad de Carlos Slim.

A la reforma energética, la izquierda se opone con fervor. En este momento hay un "debate nacional" sobre si otorgarle o no mayores libertades a la petrolera estatal Pemex para hacer inversiones y negocios con terceros.

El gobierno asegura que es imprescindible reformar porque, según el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, la tasa a la que bajan las reservas es mucho mayor a la proyectada. Las reservas petroleras mexicanas están en su nivel más bajo en nueve años, argumenta Calderón.

El gobierno quería tener aprobada la reforma antes del cierre de sesiones ordinarias del Congreso. Pero terminaron el 30 de abril y el izquierdista opositor PRD logró frenar la aprobación para instalar "un debate nacional" sobre la reforma.

A lo que la izquierda no parece molestarle las promesas oficiales de atacar el monopolio de Telmex, dueño de un 90% del mercado telefónico mexicano.

El gobierno tiene asegurado, igualmente, una larga batalla en este frente porque Slim puede darse el lujo de combatir, en tribunales, medios y oficinas varias, todas y cada una de las decisiones que afecten sus negocios. Tiene el dinero y el poder suficiente para hacerlo. Y lo más probable es que, con monopolio telefónico o sin él, el emporio Slim seguirá de pie cuando Calderón ya lleve mucho tiempo fuera de Los Pinos.

*Editor de Perfil.com.