La investigación que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Alberto Gentili por un supuesto caso de espionaje clandestino estaría a punto de hacer explotar otro escándalo más en la ya demasiado golpeada gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Según publicó el diario La Nación, habría pruebas fehacientes de que la escucha ilegal de conversaciones telefónicas y la interceptación de e-mails a funcionarios de la oposición, artistas y periodistas se habría hecho por pedido explícito, o por lo menos con el visto bueno, de algún alto funcionario del Gobierno.

El escándalo comenzó semanas atrás cuando el director de Informática de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Catoira, denunció que la computadora del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, había sido hackeada.

Catoira radicó la denuncia en el juzgado federal de Sergio Torres, quien a su vez envió la causa a San Isidro, ya que su colega Arroyo Salgado venía investigando desde hacia un año la existencia de una “ciberbanda” que vigilaba a agentes de la SIDE y que podría ser también la que controlaba a Lorenzetti.

El ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex SIDE, Iván Velázquez, sería una figura clave dentro de la investigación que, de comprobarse su participación en la “ciberbanda”, comprometería al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, entre otras cosas porque la PSA, dirigida por Marcelo Saín, dependía directamente de Fernández cuando éste era ministro del Interior.

La prueba más contundente que tendría Arroyo Salgado sería la transferencia de una importante suma de dinero de la cuenta de Aníbal Fernández a la cuenta de Iván Velásquez. A esto se sumaría además un larguísimo intercambio de e-mails entre dos personas que firman “Iván” y “Aníbal” (aunque por demasiado obvio, también se investiga la posibilidad de que las cuentas de e-mail hayan sido hackeadas y las identidades, truchadas).

Como si todo esto fuera poco, la jueza Arroyo Salgado también investiga la responsabilidad de Velázquez en una operación denunciada por la ministra de Defensa Nilda Garré que habría tenido como objetivo impulsar la candidatura de Fernández para la cartera castrense, informó La Nación.

Al momento de la denuncia, Garré pasó a retiro al jefe de Inteligencia del Ejército, general  Osvaldo Montero, por su supuesta participación en la operación para derrocarla. Ya para entonces se hablaba de que Fernández podría estar detrás de todo.

En el marco de la misma investigación se intenta establecer además si la información que circuló entre ciertas cuentas de correo electrónico –y que correspondería al contenido de las casillas de varios políticos, periodistas y artistas- tiene que ver con esta misma “ciberbanda”.

Serían víctimas del hackeo de sus casillas de correo electrónico los directivos de varios medios de comunicación - Jorge Fontevecchia, Daniel Hadad, Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto, entre otros- y una decena de periodistas: María Laura Avignolo, Marcelo Bonelli, Diego Fuks, Luis Majul Y Ernesto Tenembaum.

Además, los jueces de la Corte Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni y varios personajes de la oposición: Jorge Telerman, Ricardo López Murphy e Hilda “Chiche” Duhalde, entre muchísimos otros.

Incluso varios funcionarios, como el canciller Jorge Taiana, el embajador argentino en Estados Unidos, Hector Timerman, el ex jefe de Gobierno, Jorge Telerman, eran controlados por esta banda de hackers.

Lo que más sorprende es la inclusión entre los “controlados” de varios personajes de la farándula local: Susana Giménez, Gerardo Sofovich, Celeste Cid y Pampita, entre otros.