El Gobierno salió hoy con las tapones de punta contra el campo. Además de las apariciones públicas en las que la Presidenta o los funcionarios aprovechan denostar a los ruralistas, hoy, a través de una solicitada en los diarios Clarín, La Nación, Página/12 y los matutinos económicos Ámbito Financiero, BAE y El Cronista, la Presidencia acusó al campo de comercializar granos durante el “paro”, con comillas, en clara ironía a los ruralistas.

En la solicitada titulada “Todo Argentino tiene derecho a esta informado”, además de dar cifras de las exportaciones de soja, maíz, carne y productos con valor agregado, la Presidencia de la Nación acusa al campo de promover un “lock out interno” que “sólo ha tenido como efecto concreto desabastecer el mercado interno, impulsar el alza en los precios de los alimentos, impedir la llegada de combustibles e insumos a las fábricas y provocar la suspensión de trabajadores”. Todo, en medio del conflicto con los productores del agro.

El cierre de la misiva es contundente y fija la posición del Gobierno en el conflicto: “Sepa el pueblo argentino y sus representantes la verdad”.

¿Cuánto le costaría a Alfredo De Angeli o a cualquier ruralista sacar seis solicitadas fijando su posición particular y dando cifras de las pérdidas que le acarrean las retenciones? Publicar la posición del campo a color, en página completa e impar, como hizo el Gobierno, costaría más de medio millón de pesos.

La cifra se desprende de consultas realizadas por Perfil.com a las oficinas comerciales y tarifarios de los diarios en los que el Gobierno publicó su solicitada. En junio, una página en el diario Clarín se cotiza en $191.176,13; en La Nación $135.751; Página/12 $122.000; Ámbito Financiero $129.225,10. Un promedio de estos presupuesto arroja que para publicar una solicitada así debería pagar alrededor de $200.000.

Esta solicitada no es el primer elemento de la campaña publicitaria del Gobierno para defender su postura en torno a las retenciones. Varios spots televisivos se han centrado en atacar a la dirigencia rural. Esta solicitada parece ser la ratificación de que, aunque el proyecto se debata en el Congreso, la lucha dialéctica por ver quién tiene la verdad continúa, esta vez en forma de solicitadas.