El Gobierno kirchnerista sigue adelante en su defensa a rajatabla de las retenciones móviles. No importa que sean un mecanismo para recaudar 1000 millones de dólares y ya hayan costado a la actividad económica el doble de esa cifra, no importa que Brasil nos quite mercados en todo el mundo, no importa otra cosa que ver al campo "de rodillas".

Pero lo llamativo del caso, es que las "armas" para sostener esa estrategia política no sólo están aniquilando la imágen positiva de la presidenta Cristina Fernández, sino que cada día parecen "elegirse" los nuevos aportes que se harán a esa campaña que genera ante una una enorme porción de la opinión pública criíticas y rechazo. Hoy, para defender a las retenciones móviles, el oficialismo puso varias horas en millones de televisores de todo el país al secretario de Comercio Guillermo Moreno. El funcionario, uno de los de peor imagen de la actual administración, responsable de la sistemática destrucción de la credibilidad del Indec, fue entonces el encargado de defender la política económica de Cristina Fernández de Kirchner. Si se quiere irritar, no hay mejor forma.

Sin la Tota Santillán ni "Acero" Cali a su lado, el polémico Moreno expuso los ejes de la política antiinflacionaria del gobierno, pero generó otro momento de tensión cuando la presencia de un colaborador suyo, Hernán Brahim, fue denunciado por el titular del radicalismo, Gerardo Morales, como "un patotero que integró la fuerza de choque que disolvió los cacerolazos en Plaza de Mayo. El legislador de la UCR le pidió al presidente de la comisión de Presupuesto, Fabián Ríos (PJ), que lo desalojara de la reunión. Al pedido del senador se sumó la senadora de la Coalición Cívica por Capital, María Eugenia Estenssoro.

Ríos le pidió a Morales que no hubiese "chicanas" que entorpecieran la reunión, mientras que el senador oficialista Nicolás Fernández, indicó que si algún acompañante de los funcionarios podía llegar a malograr la audiencia "le daba la derecha" al pedido de Morales. Cuando el funcionario terminó su informe, Ríos anunció que la reunión pasaba a un cuarto intermedio de una hora para luego reanudarse con la presencia de Moreno, quien fue convocado a las audiencias a instancias del bloque del PJ, pero ya sin la presencia de Brahim. Brahim, quien se desempeña en el INDEC y tiene en su contra denuncias del personal por "persecución laboral", según una fuente del radicalismo, fue acompañado por personal de seguridad del Senado al Salón "Eva Perón".

Moreno calificó a la resolución 125 como una forma de controlar la inflación interna. Con una prédica casi de cátedra, el polémico funcionario kirchnerista defendió a las retenciones y su correlato de compensaciones que, apuntó, "hacen que algo de lo que está pasando en el mundo de acuerdo al modelo de desarrollo le llegue como señal de precios al productor" y "sin que eso me implique inflación".

Luego de hacer un raconto de la historia de la inflación en la argentina y de destacar el rol de la secretaria de Comercio en todo el proceso económico, se ocupó de replicar a Alieto Guadagni y Javier González Fraga, que ayer en el Senado criticaron las retenciones móviles. Moreno denunció que Guadagni en los 90 "destruyó la Secretaría de Comercio" y de González Fraga recordó que presidió el Banco Central durante la hiperinflación.

"La única inflación real es el que da el INDEC, los otros son supuestos, presunciones de consultores al azar a favor de quien me pague, las estadísticas reales son las que hace el Estado", señaló Moreno y fue más lejos en su ataque: "el que sabe, sabe y el que no, es consultor".

En la misma sesión, el titular de la AFIP, Claudio Moroni, informó que el proyecto oficial contemplaba una recaudación por retenciones cercanas a los 1.200 millones de dólares, de los cuales unos 800 millones serán destinados a compensaciones a los productores, por lo que el Estado retendrá un monto total de 400 millones de dólares. Moroni anticipó que el organismo fiscal tiene en investigación una eventual "triangulación" en las exportaciones de soja y advirtió que pudo detectarse que un significativo monto de la facturación por la venta del producto estaría dirigiéndose hacia "paraísos fiscales".

"Tenemos información que señala al principado de Mónaco como uno de los destinos privilegiados de la facturación de la soja", y que para detectar estas "irregularidades" se analizarán un universo de alrededor de 11 millones de toneladas.
Por su parte, el secretario de Comercio defendió las retenciones y su correlato de compensaciones que, apuntó, "hacen que algo de lo que está pasando en el mundo de acuerdo al modelo de desarrollo le llegue como señal de precios al productor" y "sin que eso me implique inflación".

Y la otra voz oficial fue la del secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, cuyo papel en los 4 meses de conflicto del campo ha sido virtualmente inexistente. Según señaló De Urquiza, las polìticas del gobierno en materia agropecuaria apuntan a "desacoplar los precios internacionales de los precios internos", al justificar las retenciones aplicadas a exportaciones de granos.

De Urquiza sostuvo que el proyecto de ley que defiende el justicialismo "claramente distingue las situaciones del pequeño y mediano productor del gran productor", y recordó que el texto fue "mejorado" en la Cámara de Diputados para que "la compensación que reciba el pequeño productor se encuentre en un marco de mayor transparencia".