Cuando Eduardo Duhalde firmó el decreto 1238/03 que significaba la creación de Líneas Aéreas Federales SA (Lafsa), se imaginó la posibilidad de que Argentina volviera a contar con una aerolínea estatal. Sin embargo, cinco años después, la decisión política que sirvió para absorber a los trabajadores de las desmanteladas empresas Lapa y Dinar, se utilizó para montar una aerolínea que no vuela.

“La permanencia de Lafsa es parte de la incapacidad del Gobierno, que no es capaz de cerrar una empresa”, aseguró a Perfil.com el secretario General del gremio del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli. El ex subsecretario de Transporte Aerocomercial durante la gestión de Néstor Kirchner apuntó contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Cirielli explicó que la continuidad de Lafsa tal como está “es un costo político”. Enfrentado con Jaime, el ex funcionario relató que durante el año pasado le pidieron que aprobara tres balances consecutivos (2004, 2005, 2006). “Querían que un 7 de septiembre certificara una moción aprobada en una asamblea de accionistas realizada el 30 de agosto, de la cual nunca nos avisaron”.

El gremialista contó que de inmediato envió el balance a la oficina de Legales y que, al menos hasta diciembre pasado (fecha en la que dejó el cargo), no se habían aprobado los balances. La aerolínea federal que no vuela es investigada por el juez federal Daniel Rafecas, luego de que la Oficina Anticorrupción (OA) actuara como querellantes tras una denuncia del diputado por el PRO Federico Pinedo.

En diálogo con Perfil.com, Pinedo señaló que en Lafsa se investigan “delitos”. Por un lado “irregularidades del manejo de personal” (de acuerdo al diputado, el Gobierno “delegó la designación de gente en el sindicato”), mientras que por otro se indaga sobre el acuerdo que la empresa hizo con Southern Winds en políticas de subsidios. “Se regaló la plata”, señaló el jefe de bloque de la bancada PRO, quien denunció que hasta la fecha la empresa le costó al Estado más de $125.000.000 en gastos. 

Desde la Secretaría de Transporte “hicieron un convenio con Southern Winds; un Joint Venture, lo que en castellano sería un emprendimiento conjunto o una Unión Transitoria de Empresa”, explicó Pinedo. “Jaime hizo un contrato (sin ninguna autorización de una ley) por el cual realizó una unión de empresas entre Lafsa y Sowtherns Winds (caído tras el escándalo de tráfico de drogas), pagándole la nafta y los salarios del personal” a una compañía privada en perjuicio del Estado.

Torta para todos. “La plata se gasta en festejos de cumpleaños”, ironizó un ex empleado de Lafsa a Perfil.com. A los trabajadores “nos tenían vegetando”, relató, al tiempo que señaló que “las comisiones creadas (por la empresa estatal) no hicieron nada para fundar una aerolínea de bandera”, sino que se utilizan las oficinas del octavo piso del edificio del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe) como “salón VIP de funcionarios de Gobierno”.

En ese sentido contó como, de forma curiosa, el presidente de Lafsa, el ingeniero José Alberto Bidart (hombre de confianza de De Vido), festejó su cumpleaños en las oficinas de la calle Ramos Mejía. El ex empleado de la empresas estatal (que ahora cuenta con algo más de 40 trabajadores, aseguran fuentes de los sindicatos), contó a Perfil.com que “nada se sabe" sobre el destino de los u$s 6.000 mensuales que la aerolínea estatal federal cobra por subalquilarle un hangar a LAN Argentina.

“Sabemos que los escépticos van a estar esperando que fracase, pero nosotros estamos convencidos de la calidad empresaria y de la calidad de los trabajadores para que esto pueda funcionar como corresponda”, señalaba el ex presidente Kirchner allá por septiembre de 2003, tras firmar un acuerdo de cooperación con la empresa Southern Winds.

A más de cinco años de la creación de Lafsa (la cuál está totalmente liquidada, según anunció de forma pública De Vido el 18 de febrero de 2006), la empresa aérea sólo acumula denuncias por manejo irregular de personal (“los gerentes cobran sueldos de $15.000”, reveló el ex empleado de la empresa estatal), por convenios subsidiarios en desmedro del Estado y la ausencia total de un proyecto para poner en un funcionamiento una línea aérea de bandera.