El reclamo venía de largo tiempo. Allá por el 2004 las palabras de Juan Carlos Blumberg se escucharon fuerte en la Plaza de los Dos Congresos. El padre de Axel -asesinado tras ser secuestrado en marzo de ese mismo año- exigió la creación de una norma que obligara el registro público de la telefonía celular con datos personales de los propietarios.

Ante el fuerte reclamo por seguridad de la opinión pública, el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 impulsó dos iniciativas que fueron aprobadas por el Congreso. Esta norma penalizaba la compraventa de aparatos y se creaba un registro de usuarios. Sin embargo la ley conocerá su reglamentación hoy o la próxima semana.

“Si no se firma hoy se firmará el lunes”, aseguró el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández. En declaraciones a radio Mitre, el jefe de la cartera política dijo que la reglamentación de la ley “nos llevó un buen tiempo de trabajo”, debido a la cantidad de aparatos que pululan en todo el país (34 millones con constancia).

“Era imperioso identificar a los celulares con las personas”, respondió Fernández cuando le preguntaron sobre la exigencia de dejar una huella digital. El funcionario señaló que “no podía haber celulares flotando”, mientras que explicó que los aparatos con tarjeta (“30 millones”) contarán con “180 días con la posibilidad de otros 180 días”, para registrarse.

Fernández además aseveró que, "en muchos casos, algo tan inocente en la vida del hombre común" -los celulares- "funcionaron como piezas fundamentales para le realización de delitos". Tal es así que el Gobierno decidió la firma de la reglamentación de la norma aprobada por el Congreso de la Nación.

Empresas sorprendidas. Pese a la preexistencia de la ley, las compañías de telefonía celular se mostraron sorprendidas por la decisión de reglamentar la norma. Aunque ninguna se manifestó de forma oficial, voceros reconocieron que el tema se venía discutiendo desde hace años, según señaló la edición matutina del diario Clarín.

Perfil.com se comunicó con distintas empresas de telefonía celular. La compañía Movistar señaló a este portal que "aún no hemos sido notificados, por lo que por ahora no haremos comentarios al respecto". Esta pareciera ser la línea adoptada por las tres principales representantes del negocio, que todavía no se pronunciaron sobre la medida en cuestión.