El ministro de Finanzas de Caracas, Alí Rodríguez, comunicó hoy que el grupo mexicano Cemex pedía 1.200 millones de dólares como pago por la nacionalización de su filial en Venezuela cuando su valor real "no llega a 400 millones de dólares".

"No fue posible llegar a un arreglo pues (Cemex) pedía una cifra que llegaba a los 1.200 millones de dólares, y por las estimaciones de acuerdo con las cotizaciones en la bolsa de valores, no llega a 400 millones de dólares", dijo el funcionario. En una entrevista en el canal oficial Venezolana de Televisión, Rodríguez señaló que la empresa "no está actualizada y requiere inversiones adicionales para colocarla en el nivel de excelencia” de las otras dos empresas del sector que fueron nacionalizadas. "Entonces se decreta la expropiación y se abre un proceso de acuerdo con el marco legal del país", agregó el Ministro.

El gobierno acordó con la francesa Lafarge y la suiza Holcim la compra de la mayoría de sus acciones de sus filiales en Venezuela, pero no logró un arreglo con Cemex.

" El Estado toma la decisión de alinear la industria del cemento, con el gran objetivo de resolver, progresivamente, los problemas de vivienda, entonces asume el control de las cementeras con una negociación muy transparente con las distintas empresas", indicó ministro.

Explicó que en el caso de Holcim se negoció el 85 por ciento de las acciones por 552 millones de dólares y con Lafarge el 89 por ciento de sus acciones por 267 millones de dólares, en vista de que "ambas empresas quisieron quedarse con un porcentaje de las acciones".

Rodríguez dijo que la nacionalización de las cementeras es una "decisión que pretende dinamizar el sector de construcción de viviendas".

Mientras tanto, el gobierno mexicano solicitó hoy al de Venezuela que continúen las "negociaciones sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura y conforme al marco legal aplicable".

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en el comunicado que el interés del gobierno de México es "velar por los intereses mexicanos en la empresa y, en particular, asegurar que el proceso llevado a cabo por las autoridades de Venezuela se apegue al marco legal aplicable y respete el principio de trato no discriminatorio".

Fuente: DPA