La Cámara de Diputados aprobó anoche la creación de una comisión bicameral investigadora de las presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de exportaciones agropecuarias por parte de grandes empresas cerealeras. El proyecto fue aprobado por unanimidad y sin discusión con el voto de los 200 diputados presentes y ya contaba con media sanción del Senado del pasado 6 de agosto.

El jefe de los diputados nacionales del Espacio SI, Eduardo Macaluse, recordó que la bicameral surgió de una denuncia efectuada semanas atrás, cuando se debatía en el Congreso el proyecto de las retenciones móviles, por su par de Proyecto Sur, Claudio Lozano. Al respecto, solicitó al cuerpo que Lozano sea incluido como integrante por la Cámara baja de la referida comisión bicameral.

El 23 de junio último, Lozano, con el respaldo de sus pares del Espacio SI y del Partido Socialista, denunció presuntas maniobras de "defraudación al Fisco" por parte de "empresas cerealeras transnacionales" por el valor de casi 1.500 millones de dólares. La maniobra denunciada implicaría el cobro del valor de las retenciones a los productores sojeros al momento de la venta de la cosecha por parte de las referidas empresas pero luego no habrían sido liquidadas por el mismo importe a la Administración Federal.

Según la denuncia del economista, el máximo de nivel de retenciones pagadas por los acopiadores "fue del 24 por ciento entre enero de 2007 y junio de 2008".

Desde enero de 2007 hasta 10 de noviembre, cuando las retenciones pasaron a estar a 27,5 por ciento, las 22 firmas denunciadas pagaron contribuciones por el mismo concepto al Estado por valor del 22,6 por ciento de acuerdo con el cotejo entre permisos de exportación y las exportaciones finalmente declaradas.

En la misma forma, desde el 11 de noviembre al 11 de marzo, en lugar de pagar por 35 por ciento, lo hicieron por 24,3 por ciento, y, desde el 12 de marzo (cuando se firmó la resolución 125 que estableció la movilidad por el 44 por ciento) hasta el 15 de junio los pagos por retenciones fueron por el 24,7 por ciento, se consignó. "El Estado perdió 1.450 millones de dólares", disgregados en los referidos períodos de la siguiente manera: 279 millones de dólares, 441 millones de dólares y 727 millones de dólares, indicó Lozano en su oportunidad. Según el detalle difundido en aquella ocasión, entre las 22 empresas que ganaron más de un millón de dólares en forma indebida denunciadas se encuentran: Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, Cargill SA, Aceitera General Deheza SA (del senador nacional Roberto Urquía), Vicentín SAIC, Molinos Río de la Plata SA, Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda; Renova SA, Nidera SA y Noble Argentina SA. Completaban el listado: Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA, AC Toepfer Internacional Argentina SRL, Aceitera Martínez SACIF, ADM Argentina sa, Compañía General de Granos SA, Molino Cañuelas SACIFIA, Servicios Integrados para Exportacion Argoalimentos, Agricultores Federados Argentinos SCL, Compañía Agroindustrial La Oriental SA, Agrenco Argentina SA, Argensun SA y Pitey SA.

Fuente: DYN