El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se hará cargo del registro de los "precursores químicos", sustancias que, además de sus usos permitidos, se pueden utilizar para fabricar drogas ilegales. Al informar sobre esta medida dispuesta por, dijo, "decisión presidencial", el INTI argumentó que los llamados precursores son "productos químicos de uso industrial que pueden ser utilizados con fines peligrosos y por lo tanto debe registrarse su producción, importación, exportación y comercio".

Esta resolución fue adoptada ante el escándalo desatado en torno a los asesinatos de personas que podrían estar vinculadas con maniobras con precursores químicos que podrían haber circulado de manera ilícita.

El INTI añadió en un comunicado que esta medida "representa un cambio cualitativo muy positivo en el tratamiento de un tema tan delicado" y destacó que "cualquiera fuera la jerarquía y responsabilidad de los operadores de un registro administrativo, sus alcances son limitados".

El organismo dijo que "todo producto químico inscripto es necesario para un uso industrial que deriva en un producto final necesario para la comunidad, pero a la vez, podría ser utilizado con fines socialmente dañinos". En este sentido, señaló que su tarea consiste en:

"a) Identificar en calidad y cantidad los usos finales necesarios para la comunidad. Construir desde allí la cadena de trazabilidad de consumo del producto hasta el fabricante nacional o importador de la materia prima. Controlar demandas finales y stocks intermedios. Analizar pureza de productos y posibles adulteraciones.

"b) Identificar posibles sustitutos de los productos hoy utilizados, para que no tengan la opción de ser usados de manera dañina y promover su aplicación".

En la primera tarea, precisó, "pueden identificarse infracciones diversas. Desde producto 'perdido' en la cadena hasta adulteraciones o coeficientes técnicos de uso que no sean correctos". "Estas -dijo- son infracciones administrativas en principio. Si se advierte posibles implicancias penales se derivará a la Justicia y a la Policía".

Sostuvo el INTI que para ello "pondrá toda su capacidad profesional e infraestructura técnica de laboratorios para analizar productos, verificar posibles adulteraciones, realizar la trazabilidad en una cadena de transformación".

Insistió en que "identificará posibles transgresiones y aplicará las sanciones administrativas que corresponda, y cuando se encuentre ante la probabilidad de conductas penalmente punibles hará la denuncia a la Justicia, con intervención de la Policía". Esta nueva función, agregó, "será financiada por el Estado nacional con una partida específica".

Fuente: DYN