“Cada causa por consumo cuesta U$S 5.000”, aseguró Aníbal Fernández, en el marco de la inauguración de las Primeras Jornadas Nacionales sobre Políticas Públicas en materia de Drogas. Con fuerte presencia del Gabinete Nacional, el ministro de Justicia manifestó que es necesario dejar de criminalizar al consumidor, al tiempo que expresó que se tiene que “reprimir” a los vendedores de drogas.

En el auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Corrientes 1411), Fernández presentó el trabajo que, desde el Ministerio de Justicia, viene desarrollando para reformar la Ley de Estupefacientes (23.737), la cual considera un delito el consumo personal de drogas. “Es muy de cola de panadería pensar que si se despenaliza el consumo los jóvenes van a drogarse”, señaló el jefe de la cartera política.

Acompañado de los ministros Carlos Tomada (Trabajo), Alicia Kirchner (Desarrollo Social), Florencio Randazzo (Interior), Jorge Taiana (Cancillería), además de representantes de las carteras de Salud y Educación, Aníbal Ferández planteó la necesidad de llevar adelante políticas de Estado al respecto. “La política siempre trabajó para el cortísimo plazo, ni siquiera para el corto”, señaló el funcionario.

Fernández realizó un repaso del proceso legal histórico. Al tiempo que remarcó (con la presencia del embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne) que Richard Nixón (en 1974) endureció las penas contra el consumidor (ejemplo que fue tomado por José López Rega), el ministro recordó el caso Bazterrica (guitarrista de Los Abuelos de la Nada), proceso por consumo drogas que llegó a la Corte Suprima en 1986.

En aquella oportunidad, el juez Enrique Petracchi citó en su fallo el artículo 19 de la Constitución Nacional y el 26 de la Constitución Bonaerense (“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros están sólo reservadas a Dios y exentas de la facultad de los magistrados”). “Es una acción privada de los hombres, no perjudica a terceros, es un problema de los hombres”, agregó Fernández.

Sin embargo, el ministro de Justicia recordó que a partir de 1989 rige la Ley de Estupefacientes, la cual provocó una política más “represiva” contra el consumidor. El ministro aseguró que esta norma resultó un “enorme fracaso”, no sólo porque compara al adicto con el traficante, sino que “lo único que conseguimos es que se ponga preso al que estaba comprando y no al que estaba vendiendo”.

Costos. Precedido por la Coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Mónica Curraño (quien contó que los procesados por consumo llegan al 70%), Aníbal Fernández agregó que de ese 70% sólo 4% tiene condena. En ese sentido el ministro agregó que cada consumidor procesado le cuesta al Estado “U$S 5.000” por mes, mientras que por cada detenido las arcas nacionales deben gastar “U$S 1.500”.

Finalmente, en el marco de los delitos vinculados al supuesto tráfico de efedrina, Aníbal F. ironizó sobre la posibilidad de que en Argentina esté operando el cartel de Sinaloa. “Hay que dar un premio a la inventiva”, señaló el ministro, quien dijo que “hay algunos señores mexicanos que han venido y han querido hacer una parte del negocio; una parte de ellos está detenido y otra parte seguramente se estará desalentando hasta el momento en que la materia prima no existe más”.