El debate sobre la crisis financiera internacional es, entre otras cosas, un debate sobre el buen juicio de gobierno.

Todo indica que en los Estados Unidos faltó ese buen juicio: los norteamericanos dejaron que se infle una burbuja especulativa que terminó comprometiendo al sistema financiero y, posiblemente, ponga en riesgo la economía de todo el mundo.

Pecaron de un exceso de optimismo: metidos en una rueda de la fortuna, actuaron como si el precio de las viviendas pudiese crecer eternamente. Se endeudaron y gastaron alentados por operadores financieros que quisieron creer en una quimera y en su propia capacidad para no quedarse con los riesgos.

Los funcionarios y políticos dejaron hacer: el éxito fácil y un buen número de preconceptos nubló el buen juicio.

Los errores del Norte pueden echar luz sobre nuestros propios errores y, de paso, pueden ayudar a analizar cómo estamos preparados para la tormenta que parece querer sacudir al mundo.

¿Qué es eso del buen juicio de gobierno y cómo se consigue?

Nadie tiene la suma de la inteligencia y del conocimiento como para asegurar las buenas decisiones. Estas resultan de un tramado complejo de ideas, intereses, pasiones, conocimientos, desconocimientos y mecanismos institucionales que organizan la toma de dichas decisiones.

Hay una cosa que parece estar clara: si nadie tiene la omnisciencia, el buen juicio es un juicio crítico, eternamente provisorio y es un juicio expuesto.

Eso quiere decir que, en la medida en que más gente conozca los problemas, más gente participe del debate de las ideas, no se oculte la información ni los intereses en juego, exista estudio sistemático y ese estudio se involucre en el proceso de decisión, nos acercaremos al buen juicio. Para organizar sus mecanismos, no pueden faltar procedimientos institucionales que ordenen las cosas. Y hace falta la deliberación: el intercambio de ideas abierto a cambiar puntos de vista, negociar intereses y acordar soluciones, que puedan ser razonables –aunque no dejen a todo el mundo contento–. Cualquiera puede soñar con su propia omnipotencia, pero ese sueño terminará condenando a toda una comunidad.

Nuestro sistema de decisión pública parece estar lejos de los mejores mecanismos: oscilamos desde un presidencialismo absoluto hacia un presidencialismo impotente. Cuando el presidente acumula todo el poder, acumula también todas las decisiones, y cuando ese poder se va erosionando, el viejo absolutismo se ve tan impotente como Fernando de la Rúa o Raúl Alfonsín en sus últimos momentos. No hay políticas de Estado ni planeamiento ni continuidad. Por eso la Argentina sigue decayendo, más allá del chispazo de estos años en que nos nublamos con nuestra propia rueda de la fortuna: el dólar alto y la soja.

Tenemos escindido el pensamiento del poder. El pensamiento sistemático, en universidades y centros de investigación, está fuera de las decisiones y termina siendo estéril. Las burocracias públicas, en lugar de jerarquizar la excelencia, están plagadas de clientelismo y corrupción y los políticos funcionan escasos de estudio, atados a sus intereses personales y con una visión de cortísimo plazo.

Ahora, para variar, estamos mal preparados: como los norteamericanos con las viviendas, nosotros tomamos decisiones bajo el supuesto de que el precio de la soja seguiría subiendo en forma permanente. Esas decisiones no tuvieron en cuenta la inflación –inevitable– si gastamos la riqueza fugaz de una buena coyuntura al mercado. Tampoco tomamos en consideración que esa inflación erosiona el tipo de cambio, que ya no es competitivo. Para colmo, destruimos nuestro propio sistema de información estadística como para no saber, a ciencia cierta, dónde estamos parados.

No parece muy prudente mirar los problemas ajenos como si nuestros juicios fuesen los correctos. Posiblemente resulte más útil una visión menos autocomplaciente sobre nosotros mismos y sobre nuestros procesos de decisión. El debate sobre los mecanismos institucionales para alcanzar el mejor juicio posible es, como siempre, y mucho más que la lucha por el poder, el debate de la política.


*Economista, coautor de Presidencialismo absoluto y otras verdades incómodas.