El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió a la Justicia federal que determine si Amado Boudou, hombre clave K en la estatización jubilatoria y en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que él dirige, cometió algún delito en el conflicto suscitado por el envío de fondos previsionales de la Nación a la provincia de Córdoba, informaron hoy fuentes del caso a la agencia de noticias DyN.

Mucho antes de que la muerte de las AFJP fuera el tema por excelencia en la política nacional, las jubilaciones ya habían tensado los ánimos en Córdoba, donde Juan Schiaretti denunciaba un "asfixio económico" por parte de Nación debido al incumplimiento en el envío de fondo a la Caja previsional provincial. Elhecho generó marchas donde hubo heridos y se habló de una represalia oficial por el apoyo del peronista del Gobernador al campo durante el conflicto por las retenciones. 

Hoy, ese episodio llegó a la Justicia luego de que Garrido decidiera impulsar la investigación a partir de un pedido del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien requirió saber si las autoridades de la ANSES cometieron los delitos de desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. En su momento, Mondino ya había rubricado que ANSES le debía más de 2.000 millones de pesos a Córdoba, hecho que el organismo negaba.

A Boudou y los demás directivo del ANSES se les imputa el delito de "desobediencia" por no haber entregado al Defensor del Pueblo los informes oportunamente requeridos; el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público" por no haber girado los fondos que figuraban en el presupuesto;  "malversación de caudales públicos" porque se desconoce que destino se le dio a esos fondos que no llegaron a la Caja cordobesa; e infracción al artículo nº2 de la Ley de Ética Pública que dice que los funcionarios se encuentran obligados a "cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacíonal y las leyes (...)".

Mondino remitió su denuncia al fiscal Garrido, quien ahora pidió a la Cámara Federal porteña que sortee un juzgado para que se "dé inicio a una causa penal en la que se investiguen los hechos denunciados por el Defensor del Pueblo de la Nación", según la resolución del funcionario del Ministerio Público.