Una vez más, como en casi todas las medidas tomadas por el Gobierno de Cristina Kirchner, distintos sectores manifestaron sus dudas acerca de la estatización de las AFJP. Si bien la mayoría se declara a favor de que los aportes jubilatorios vuelvan a manos del Estado, la crítica reside en que el kirchnerismo arrasa con el derecho a la propiedad privada y ofrece argumentos falaces para justificar la medida.

Debate sobre la inconstitucionalidad. El sistema de capitalización se basa en distinguir jurídicamente los fondos jubilatorios del patrimonio de las entidades administradoras y en exigir la identificación de los aportes de los trabajadores mediante cuentas individuales de capitalización. De esta manera, cada aportante sabe cuánto ahorró para su vejez y cuál es la renta que recibirá con su capital acumulado.

Esto no sucede en el sistema de reparto estatal, en el cual todos los aportes van a un fondo común y no hay registro alguno. Pero además, algo que aún no contemplaron desde el Gobierno, es que el fondo privado en el sistema de capitalización implica que ese dinero puede ser heredado por los familiares en caso de que el trabajador muera antes de cumplir los 30 años de aporte, lo que constituye un "derecho adquirido" para los familiares. En contraposición, el sistema de reparto estatal no considera este aspecto ya que los aportes que se realizan hoy son para pagar las jubilaciones actuales.

La abogada previsionalista y diputada por Solidaridad e Igualdad (SI), María América González defendió la intención del Gobierno. Explicó que la Constitución Nacional nunca admitió la jubilación privada y que el artículo 14 está siendo violado por la actual ley 24241 al crear un sistema de capitalización privado.

Sin embargo, González admitió que hay aspectos que aún no están analizados y que habrá que ver " qué sucede con ese dinero aportado al sistema privado". En torno al "derecho adquirido" de los familiares que podrían heredar el ahorro de un trabajador que muera, la funcionaria señaló que "es una cuestión que no está contemplada aún, se lo vamos a preguntar a (Amado) Boudou", el titular de la ANSES.

La Carta Magna, en su artículo 14, establece que todos los habitantes tienen derecho "de usar y disponer de su propiedad". En ese sentido, la diputada por la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, consideró que la medida adoptada por el Gobierno viola la propiedad privada. "Este es el dato más importante de las AFJP. Este carácter hereditario hace que pueda interpretarse no sólo como un derecho en expectativa para una jubilación, sino también como una propiedad que se realiza en otras circunstancias. Este puede ser un argumento que sea utilizado tanto en el debate como frente a la justicia", afirmó la legisladora.

Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, también cree que la medida viola los derechos adquiridos por los trabajadores porque en el sistema de capitalización los "fondos son individuales". Considera que el dinero acumulado "es propiedad del aportante y no de la administradora". Por lo tanto, si se estatiza, la pregunta es qué pasaría con ese dinero. "Los importes de las AFJP le son reconocidos a ellos (a los que aportan) y al pasar al sistema de reparto ingresan a un pozo donde es imposible la individualización, ya que es un fondo solidario".

El constitucionalista advirtió además que la estatización se trata de una "confiscación encubierta" ya que "por la estatización se le va a entregar (a las empresas) el valor de su capital en bonos, seguramente no negociables en forma inmediata ". " Eso es confiscación", insistió.

El senador Samuel Cabanchik, de la CC, también entró en el debate. Consultado por Perfil.com en torno a la cuestión de la propiedad privada sostuvo que "está quien dice que no se viola porque usted mañana no podía sacar los fondos", pero "ese es un mal contra argumento. Por ejemplo si a un chico menor se le pone una casa a su nombre no puede disponer de ella por ser menor, pero eso no quiere decir que no sea propiedad privada. El punto central de por qué es propiedad privada es porque es un derecho".

A pesar de las críticas, el senador se manifestó en contra del sistema de capitalización, aludiendo que "a mí el sistema de AFJP nunca me gustó ni me pareció bien. Creo que en la Argentina debió estar siempre el sistema de jubilación de reparto".

El falso argumento para anunciar la medida. Desde que el tema de las AFJP estuvo en la agenda, los medios dieron a conocer el argumento del Gobierno: que hoy el Estado auxilia al sistema de capitalización. "Actualmente el 77 por ciento de los 450 mil jubilados que cobran a través de las AFJP estaría percibiendo un haber inferior al mínimo de 690 pesos. Si eso no ocurre, es porque desde el Gobierno nacional se destinan anualmente 4 mil millones de pesos para que nadie esté por debajo de la jubilación mínima" afirmó la presidenta Cristina Kirchner, en una columna editorial escrita para el diario La Capital de Mar del Plata.

El contador Guillermo LoCane, autor del blog impositivo en Perfil.com explicó que existen varias críticas para hacerle al sistema privado, pero lo que intenta justificar el Gobierno es una falacia. " Hay mucha otras críticas que pueden hacerse a las Administradoras Privadas: el elevado costo de las comisiones, los abusivos gastos administrativos, la falta de transparencia, etc. Pero esto del "auxilio al sistema de capitalización" es una falacia. Los jubilados de AFJP de los recientes años son aquellos que, al entrar al sistema con una madurez avanzada, sabían que al jubilarse la mayor porción de su haber se calcularía sobre los aportes al sistema anterior. Aún así decidieron entrar a las AFJP, lo cual habla del rechazo que había hacia la jubilación de reparto. Por eso el Estado debe hoy concurrir a completar sus haberes y además fue a lo que se comprometió".

Desde el Gobierno explican que el Estado aporta dinero para las jubilaciones privadas, pero eso, tal como se planteó el sistema de AFJP en Argentina, no implica una "irregularidad". El argumento es falaz, ya que constituye una obligación para el Estado aportar la Prestación Básica Universal (PBU), de $326, indistinamente si están en el regimen de reparto o de capitalización.

Por otra parte, considerar que el sistema de capitalización debería afrontar hoy el 100% del haber jubilatorio también es un argumento inválido porque el sistema de AFJP aún no posee 30 años de vida. Es decir, no hay 30 años de aportes al sistema privado, por lo que necesita del auxilio estatal hasta que ese período se cumpla. Es por eso que en la actualidad se considera que las jubilaciones argentinas deriban de un sistema de fondos mixtos. Bullrich criticó los argumentos oficiales al afirmar que " el sistema tiene 14 años y es mixto. Todo el aporte patronal de las personas van al sistema de reparto para constituir una base jubilatoria".

Badeni también c onsideró falto de verdad el argumento del Gobierno. Insistió en que la ley obliga al Estado a pagar el PBU. Por lo tanto, el Estado siempre tiene participación en el pago de la jubilación, haya aportado o no al sistema de capitalización. Por último, América González defendió las razones estatales porque "el Estado es el que tiene la obligación de asistirte. Entonces me parece bien que sea él quien tome esa responsabilidad", aunque luego agregó que es vital poder realizarle modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo, en especial al artículo 9 para establecer la autonomía financiera y económica del ANSeS.

(*)   Redactor de Perfil.com 
(**)  Editor de Perfil.com