El repentino anuncio, casi sin anestesia, del gobierno nacional para estatizar las administradoras de fondos de jubilación y pensión fue muy llamativo. La medida - que aún espera el visto bueno del Congreso- fue atacada por la oposición que consideró que se trata de un manotazo de ahogado, y que el objetivo es proveerle al kirchnerismo de una "caja" para las elecciones legislativas del año próximo. También advirtieron que sería una suerte de "garantía" para enfrentar los pagos de deuda que tiene en agenda el Gobierno para el 2009.

Pero habría una tercera razón: los "nuevos jubilados". En 2005, durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, se sancionó la ley 25994 de moratoria previsional y jubilación anticipada. El mismo año se dictó, además, un decreto del PEN, el 1454/05, que modificó la ley 24476 -del año 1995- para crear una moratoria permanente. Estas medidas le dieron la oportunidad de completar los años de aportes a quienes los tenían incompletos; pero, además, jubilar a millones de personas que nunca habían aportado nada.

La medida fue calificada por muchos como proselitista porque fue implementada en plena candidatura para las elecciones legislativas de 2005, que postulaba como senadora por la Provincia de Buenos Aires a la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La movida le habría dado buenos resultados: aumentó la cantidad de personas de la tercera edad que participaron de las elecciones.

Esta serie de normas habilitaron 1.700.000 jubilaciones, otorgadas con planes de moratoria, según informó la Secretaría de Seguridad Social hasta diciembre de 2007. Esto implica que estos beneficios otorgados a gente que no hizo aportes se están financiando con la "licuación" de los beneficios de quienes sí los hicieron. La decisión puede ser sometida a debate, ya que todas estas personas tienen derecho a adquirir un plan asistencial. El tema es de dónde sale el dinero.

En 2007, a través de un informe semanal, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió que este plan de moratorias no contaba con financiamiento específico y plantearon que esta iniciativa constituía " un compromiso de magnitudes inéditas".

Cabe mencionar que las personas que se adhirieron a un plan de moratoria automáticamente pasaron al sistema de reparto; es decir, al Estado, ya que el sistema de capitalización supone un ahorro individual: el que aporta lo hace para pagar su propia jubilación.

Una simple ecuación nos aproxima a la cuantiosa suma a la que deberá hacer frente el Gobierno a partir del 2010 -año en el que se terminan los primeros planes de moratoria, y cuando se deberá afrontar el 100% de esas jubilaciones-. Si hay más de 1.700.000 nuevos jubilados y éstos adquieren una suma mensual mínima de 690 pesos, el resultado es asombroso: 1173 millones de pesos por mes para hacer frente sólo a esos beneficiarios. Y, vale repetirlo, esta suma es sólo para estas nuevas asignaciones.

En el informe presentado este año por IDESA, insisten con la falta de previsión de la norma y señalan que de esta forma "la cantidad de beneficios del sistema creció en un 50%, generando un aumento del gasto previsional del orden de 1,4% del PBI por año, para el cual no se contempló un financiamiento específico. Sostienen, además, que en lugar de utilizar un "artilugio legal para dar acceso a jubilaciones de manera regular e indiscriminada, es necesario establecer un mecanismo transparente y permanente de cobertura asistencial a favor de personas que llegan a la vejez y no tienen medios económicos".

En diálogo con Perfil.com, Jorge Colina, jefe de investigaciones de IDESA, sostuvo que por medio de la estatización "el Estado cuenta con un monto muy similar al gasto que el régimen de reparto está teniendo a causa de las jubilaciones por moratorias", ya que mensualmente pasarían unos 1000 millones de pesos que son los que se recaudan en el sistema de capitalización.

"El Poder Ejecutivo tiene serios problemas fiscales, ya que hoy no cuenta con precios altos de los commodities, y por lo tanto recaudará menos por las retenciones". Indicó que " éste es un gasto adicional, no previsto por el Gobierno, y que ronda entre los 12 y 14 mil millones de pesos por año". Además, explicó que "no era un obstáculo para la gente que se adhirió a un plan de moratoria tener ya una jubilación o pensión", con lo cual "mucha gente se sumó para tener otro haber" jubilatorio.

El senador nacional Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica, sostuvo que "debieron haber previsto de dónde iban a salir los fondos. No se puede hacer política de Estado sin medir las consecuencias. Si así hacen las cosas, siempre después vienen estas consecuencias de que no se pueden afrontar los gastos". Además, cuestionó que si no hay fondos suficientes, "¿por qué no se empezó por una reforma previsional que tome en cuenta como primer tema la estructura de aportes? Si no hay caja suficiente para la jubilación es un problema colectivo del que el Estado debe hacerse cargo".

(*)   Redactor de Perfil.com
(**) Editor de Perfil.com