El procurador General de la Nación, Esteban Righi, recortó las facultades del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, quien se encarga de investigar delitos cometidos por funcionarios públicos.

Así, se verán perjudicados numerosos expedientes de presunta corrupción de la gestión kirchnerista, como las presuntas coimas del escándalo de Skanska, la bolsa con dinero encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, la denuncia sobre la manipulación de los datos del INDEC y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner.

La decisión de Righi fue tomada a través de la resolución 147, firmada el miércoles último, mediante la cual se hace una interpretación estricta del concepto de “intervención necesaria” que la ley del Ministerio Público le confiere a la FIA. Con este fundamento, recorta las atribuciones de Garrido y, así, ya no podrá intervenir directamente en causas que no se hayan iniciado con su denuncia.

Hoy, Garrido criticó duramente la decisión de la Procuración General de la Nación de limitar sus investigaciones de corrupción, y pidió que sea el Congreso el que regule las facultades del organismo a su cargo. "Evidentemente hay problemas, hay impunidad, no hay sentencias y la cuestión sobre las facultades de la fiscalía pasa a sumarse a la serie de problemas que evidencian que la Argentina no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de investigación de la corrupción", advirtió el fiscal, según reportó la agencia DyN.

El funcionario dejó en claro la gravedad de la situación: "La interpretación de que la fiscalía no está especializada en la investigación de la corrupción, que es lo que surge de la resolución del procurador (Righi), viene a poner sobre el tapete que no hay ningún organismo independiente especializado en investigar y en perseguir la corrupción", alertó.

Concretamente, Righi recurrió al concepto de "intervención necesaria" de la ley del Ministerio Público en lo que se refiere a esa fiscalía, para recortar la intervención de Garrido en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. "Esta cuestión sobre la competencia de la fiscalía se suma a otros problemas que existen y, en definitiva, tendría que hacerse cargo el Congreso de regular adecuadamente (en esta materia)", aseveró Garrido.

El fiscal enfatizó que la persecución de actividades delictivas "es una de las cosas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción le exige a los países que son parte, y de hecho la Argentina es parte".

Garrido confirmó que, con esta resolución, "en cualquier causa en la que la fiscalía haya intervenido o haya investigado pero que la denuncia haya sido presentada por otro, no tiene ninguna posibilidad de intervenir ni siquiera subsidiariamente".