El Radicalismo y el Socialismo presentaron proyectos alternativos a la iniciativa estatizadora de las AFJP del Poder Ejecutivo, aunque con disidencias entre sí, ya que la UCR propone el rechazo frontal y los socialistas aprobarán en general la iniciativa del gobierno y cuestionará aspectos puntuales.

El bloque radical presentó un dictamen en el que pide el rechazo del proyecto oficial de estatización y encomienda a dos comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores que elaboren en 180 días una nueva propuesta de reforma integral del sistema previsional.

La UCR sostiene que el futuro proyecto deberá contener la fijación de un haber jubilatorio del 82 por ciento móvil, la protección de los recursos de la seguridad social, una garantía de transparencia y el control de la administración de los dineros, así como la sustentabilidad asistida con aportes del Estado de otro origen sin afectar fondos de las provincias.

La iniciativa prevé también la creación de una institución de derecho público no estatal para administrar el sistema, la recuperación de la movilidad real de los haberes jubilatorios y el establecimiento de los principios de universalidad y solidaridad, garantizando una prestación básica colectiva y un ingreso ciudadano para los hombres mayores de 65 años y las mujeres que superen los 60 años.

El proyecto radical lleva la firma de cuatro legisladores que integraron las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, el titular del partido Gerardo Morales, que es miembro de las dos comisiones, el jefe del bloque, Ernesto Sanz y los senadores Alfredo Martínez (Santa Cruz) y el ex gobernador del Chaco, Roy Nikisch.

La propuesta radical declara "la indisponibilidad de los fondos" del sistema y de las AFJP y su protección para preservarlos a fin de que asista al objetivo específico del pago de los beneficios jubilatorios.

También propone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, compuesto por el excedente del sistema, que una vez satisfecha la recomposición de los haberes jubilatorios solo podrán aplicarse a la constitución de depósitos a término en moneda local en el sistema financiero argentino y a la adquisición de letras y notas del Banco Central denominados en pesos, y el stock de los activos de las AFJP no será modificado hasta tanto se apruebe el nuevo régimen previsional, entre otros puntos.

Por su parte el dictamen que suscribe el socialista santafesino Rubén Giustiniani expresa que coincide con el objetivo fundamental de eliminar el sistema de capitalización y pasar a un sistema único de reparto, a lo que considera "una bandera histórica del socialismo". Propone "un beneficio no contributivo universal e incondicional para las personas en edad de jubilarse, como pilar central del sistema de previsión social (una jubilación universal)".

También reclama restricciones y límites para resguardar el valor de los fondos y garantizar así la sustentabilidad del sistema y pide que estas exigencias queden plasmadas de forma expresa en el texto de la ley.

Giustiniani reclama que "sólo deben permitirse aquellas inversiones que garanticen criterios de seguridad y rentabilidad razonables", que en el escenario actual solo podrían ser los títulos públicos (con límites cuantitativos) y los depósitos a plazo fijo.
Propone además que la administración y gestión de los fondos, incluida la decisión de las inversiones, estará a cargo de un "Directorio Ejecutivo de Inversiones" que funcionará con plena autonomía financiera y económica en el ámbito del ANSES y reclama que la movilidad jubilatoria apunte a restituir el 82 por ciento móvil para los pasivos.

Fuente: DYN