"Baltasar Garzón es el juez con más cojones de la Audiencia Nacional y para habernos hecho esto tuvo que estar sometido a presiones horrorosas". La frase es de Jesús Gutiérrez, uno de los miles de españoles cuya familia fue víctima de la represión franquista.

Y muchos otros confiaban en este magistrado para recuperar los restos de sus seres queridos, que todavía hoy, 33 años después de la dictadura, yacen en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Para Gutiérrez y los demás resulta muy dolorosa la sorpresiva decisión de Garzón de renunciar a investigar el paradero de decenas de miles de desaparecidos y de encausar los crímenes de lesa humanidad que atribuye a las fuerzas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).

"Más que decepcionado, estoy indignado", dijo hoy a dpa Gutiérrez, quien trata de recuperar los cuerpos de sus cuatro tíos, fusilados por los franquistas en agosto de 1936 y enterrados junto con otros ocho hombres en una fosa común en La Serna del Monte, un pequeño pueblo serrano al norte de Madrid. La indignación de este mec nico electricista ya jubilado no se dirige contra el juez sino contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo recurso contra el procedimiento abierto por Garzón hace apenas un mes finalmente obligó a éste a dar marcha atr s, frustrando las esperanzas de los familiares. "No es digno que nos sigan robando a nuestros muertos y que no se me permita recuperar a mis tíos del monte", dice Jesús con exasperación. "­Ya est bien de aguantar impertinencias después de tener que mantener la boca cerrada durante 40 años!", agrega. Como él, muchos no entienden cómo es posible que la Justicia española haya podido investigar los crímenes de dictaduras en Argentina, Chile o Guatemala pero que eso no sea posible en España.

 "En ningún otro país del mundo son los propios familiares los que se encargan de resarcir el daño causado", denunció hoy a este respecto Santiago Macías, el vicepresidente del la Asociación para la Recuperación de las Memoria Histórica (ARMH), la principal impulsora del procedimiento que había abierto Garzón. Macías, que pide una mayor implicación del gobierno, criticó duramente la, a su juicio, mala aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado. Con ésta, denunció, España se puso al mismo nivel que Mozambique.

"Los expertos internacionales que llegan aquí se echan las manos a la cabeza", dijo. La sensación de las víctimas es de abandono, toda vez que el juez ya había ordenado la exhumación de 25 fosas comunes, entre ellas la de La Serna del Monte. Pero también esa iniciativa fue paralizada a instancias de la fiscalía y, tras la inhibición de Garzón, el asunto queda en manos de los respectivos juzgados provinciales, algo que las víctimas critican como arbitrario, ya que ahora dependen de la voluntad de un juez que quiz s sea contrario a todo este proceso. "Luego de haber estado tan cerca es como si nos hubieran quitado el caramelo de la boca", lamenta por ello Jesús Gutiérrez.

 Por su parte, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo dijo no entender cómo, apenas un mes después de declararse competente en el caso, Garzón terminó "colocándose en la posición que defendía el fiscal". Además, consideró "inviable" que ahora se encarguen de todo ello los juzgados territoriales. Y en los sectores conservadores, la sentencia contra Garzón ya ha sido dictada. El opositor Partido Popular (PP), contrario desde el comienzo a su iniciativa, manifestó que el tiempo finalmente les dio la razón. Para el diario "ABC", una vez que el magistrado "se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles". En la misma línea, el periódico "El Mundo" habla de una "truculenta garzonada" que empezó como "un puro disparate" y terminó tal cual.