Desde el punto de vista previsional, la decisión oficial de terminar con el régimen de AFJP es correcta y corona institucionalmente años de cuestionamiento social a dicho sistema, simbolizados, por ejemplo, en los 870 miércoles de los jubilados frente al Congreso. En primer lugar, porque no hay posibilidad de construir un Sistema de Seguridad Social Público sin recuperar los $ 13 mil millones que hasta hoy reciben como aportes las administradoras, y sin restituir las contribuciones patronales (son $ 9.900 millones exceptuando pymes) que Cavallo redujera en razón de la convertibilidad y que aún hoy no se han recuperado. En segundo término, el régimen de capitalización individual requiere para funcionar de ingresos promedio elevados y de una extendida asalarización formal. Para una Argentina donde el ingreso promedio de los ocupados no supera los $ 1.400, y donde casi el 60% de la fuerza laboral se encuentra por fuera del mundo laboral en blanco, proponerle a un trabajador que acumule durante treinta años una renta que le permita un haber digno es francamente un disparate.

En el mejor de los casos, la capitalización podría resolver la jubilación de unos pocos pero nunca la jubilación de todos. Ocurre que mantenerlo por esa exclusiva razón, supone desfinanciar el sistema público cuando es indispensable unificar recursos de manera solidaria para plantear un nuevo modelo previsional que se haga cargo del problema central que hoy tiene el sistema. En la Argentina de hoy hay 15 millones de afiliados y solo 6 millones que aportan. De hecho, sólo 13 países tienen hoy un régimen similar al argentino. Por ende, el sistema no es bueno y hay que eliminarlo. Sin embargo, lo correcto de la decisión contrasta con su extemporaneidad y con un contexto donde el gobierno sólo trata de otorgar garantías a los acreedores de que va a pagar más deuda y de que va a usar todas las herramientas para ello. En este marco, son legítimas las dudas respecto a si estamos en presencia de un manotazo sobre los recursos previsionales ajeno al objetivo de mejorar la situación de los jubilados actuales y futuros. Es más, hubiera sido deseable que en el tratamiento parlamentario se aceptara la propuesta que impulsáramos junto a la diputada María América González de establecer taxativamente dos cuentas separadas. Por un lado, los fondos de la Administración Nacional y por otro, los de la Seguridad Social. En este contexto, la ANSES debería recobrar autonomía y autarquía, al tiempo que corresponde democratizar su conducción con la presencia en su directorio de los aportantes y los beneficiarios (trabajadores, jubilados, empresarios y estado). En relación al impacto que esta medida tiene sobre el mercado de capitales, caben hacer dos señalamientos. Primero, resulta ilógico en una Argentina signada por la desigualdad y el desamparo cargar sobre las espaldas de los trabajadores y sus ahorros futuros la suerte de este mercado. Segundo, cabe consignar que al fracaso notorio de la capitalización como régimen previsional, debe agregarse que tampoco cumplió con las expectativas que en materia de mercado de capitales había despertado. Su cartera concentra casi un 60% en títulos públicos, unos $13 mil millones en acciones de empresas de primera línea y el financiamiento para las pymes es absolutamente marginal. El problema de la acumulación de fondos para financiar el largo plazo y el desarrollo sigue pendiente y debe ser resuelto en el marco de una nueva relación (y nuevas regulaciones) entre el Estado y aquellos actores que concentran hoy el excedente económico. Por último, la extemporaneidad de la medida (hasta hace unos meses cuando planteábamos esto en el debate sobre la movilidad y el presupuesto, el oficialismo nos miraba como marcianos) no deja en claro en qué estrategia inscribe esta decisión el Gobierno. Un cambio estructural de esta naturaleza no puede dilapidarse con una improvisada decisión de corto plazo. Requiere de consenso político y de una gestión institucional y económica consistente.


*Diputado nacional por Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur.