El patrimonio económico de Humberto Roggero, diputado nacional durante la década menemista  y embajador en Italia en tiempos de Eduardo Duhalde, siempre fue motivo de sospecha. Esta semana, otra denuncia que lo involucra salió a la luz a través de su hombre de máxima confianza, Norberto Cacho Aime, quien demandará al ex legislador por no haberle pagado las comisiones de 1.500.000 pesos pactadas por la venta de cuatro estancias y 20 mil cabezas de ganado.

Una investigación realizada por el semanario Otro Punto de la localidad de Río Cuarto indica que Norberto Aime tendría en su poder toda la documentación probatoria para hacer el reclamo. Siempre rondaron sospechas alrededor de los bienes que posee Roggero, pero nunca fueron comprobados porque, al parecer, la mayoría de los bienes que él dice no poseer estarían a nombre de sociedades anónimas, integradas no sólo por su mujer y su suegro sino también por importantes políticos de nivel nacional. Tal es así que, en total, su patrimonio llegaría a la nada despreciable suma de 80 millones de dólares.

El ex diputado niega ser propietario de tierras. Sin embargo, en algún momento fue dueño de "Costa del Tambo", un pequeño campo de 130 hectáreas ubicado en la localidad homónima que habría vendido hace ya algún tiempo en poco menos de un millón de dólares.

En plena crisis del 2001, habría existido una sociedad anónima de nombre New Lander que poseía un campo de 2.500 hectáreas en Concarán. Se llamaba "Icalux" y fue vendido por 3.500.000 de dólares. Este campo era administrado por un íntimo amigo de Roggero, pero lo desmontaba él, comprando máquinas traídas de los Estados Unidos.

Otra de sus antiguas propiedades sería "Santa Ana, una estancia de 1.750 hectáreas que habría sido vendida en seis millones de dólares a la Compañía Argentina de Granos. Además, a 30 kilómetros de la localidad de La Carlota, fue vendida la estancia "La Leonina" de 1570 hectáreas por 5 millones de dólares. En todos los casos, habría sido Norberto Aime la cara visible que administraba esas tierras.

Ahora, todo queda en manos de la fiscal federal, Alicia Cena y el juez federal Carlos Ochoa, quienes actuaron de oficio para investigar el posible enriquecimiento y las supuestas maniobras del ex diputado para vender campos y cabezas de ganado, en su mayoría en negro. Por otro lado, la AFIP será la encargada de determinar si hubo evasión  y el monto de la defraudación al estado. sólo falta un trámite en fiscalía para activar el caso.