Dos meses antes del fallo de la Corte Suprema en favor de la libertad sindical, los gremios argentinos recibían otra buena noticia: la Cámara de Casación Penal comenzó a cerrar un juicio contra más de 350 dirigentes sindicales y que involucraba también al ministro de Trabajo Carlos Tomada.

El caso comenzó en 1996, cuando el Banco Mundial (BM) otorgó un crédito de 285 millones de dólares para modernizar y sanear las obras sociales sindicales. Según la acusación de la fiscalía, parte del préstamo habría sido desviada a través de empresas fantasma, supuestamente dirigidas por amigos o familiares de los sindicalistas, con la complicidad de los funcionarios estatales encargados  de controlar esos fondos.

Carlos Tomada, entonces abogado de la CGT, era dueño de una de las firmas bajo sospecha y ya estaba citado a declarar, al igual que otros acusados como Juan José Zanola (del gremio de bancarios), Armando Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martínez (construcción), Antonio Cassia (petroleros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerónimo Venegas (rurales), Diógenes Salazar (telefónicos), Dante Camaño (gastronómicos) y Jorge Horacio Menem (correos).

La causa se abrió en agosto de 2002, con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, en base a presuntos movimientos millonarios en cuentas bancarias sindicales, según informó el diario La Nación. El expediente cayó en manos de la fiscalía de Carlos Stornelli, quien tras un largo peritaje, en diciembre de 2006 llamó a declarar a 350 imputados.

A pedido de Stornelli, el juez federal Norberto Oyarbide había ordenado los interrogatorios en abril de 2007, pero quedaron en suspenso cuando los sindicalistas apelaron para que se cambie la carátula de "peculado" a "defraudación". La primera acusación se castiga con diez años, mientras que la nueva tiene una pena de sólo seis. Como ese tiempo ya había transcurrido desde el inicio del juicio, los acusados pidieron la prescripción de la causa.

El pedido fue rechazado primero por Oyarbide y ratificado por la Sala II de la Cámara Federal en noviembre de 2007. No obstante, la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi, les dio la razón a los sindicalistas el 9 de septiembre, al considerar que el plazo de la causa había comenzado en marzo de 2000 y por ende había prescripto el mismo mes de 2006.

El fallo liberó de cargos a nueve dirigentes de obra social de los telefónicos: Salazar, Luis de la Fuente, Claudio Garau, Jorge Passion, Eleodoro Cerdán, Mario Russo, Gustavo Baraza, Alberto Bigliardi y María Medina. Sin embargo, fuentes del juzgado consultadas por La Nación adelantaron que el mismo criterio deberá aplicarse a los restantes acusados de la causa.