La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el polémico "Plan Anticrisis" impulsado por el gobierno nacional, que incluye un blanqueo de capitales no declarados y depositados en el exterior, además de proponer una moratoria previsional y fiscal, así como un blanqueo de trabajadores no registrados. El resultado de la votación fue de 131 votos positivos y 75 negativos.

La iniciativa el oficialismo cosechó, en más de diez horas de debate, serias críticas de la oposición, de peronistas disidentes y de filo-kirchneristas cada vez más críticos como Miguel Bonasso, Cecilia Merchán y Vilma Ibarra, entre otros. Los principales cuestionamientos fueron en el sentido de que el proyecto deja abierta puertas para el lavado de dinero originado en delitos graves como el narcotráfico y el tráfico de armas, así como impone la extinción de causas penales tributarias en curso y que establece un injusto perdón para quienes incumplieron las normas frente a quienes las cumplieron, además de tirar por tierra con la estrategia anti-evasión desplegadas por la AFIP.

Tras la disputa por el quórum (al que contribuyeron de manera decisiva los legisladores del ARI fueguino Leonardo Gorbacz y Nélida Belous) y el intento de represalia del oficialismo con la oposición, fue el titular de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato (FPV) quien defendió el dictamen que lleva el extraño título de "Régimen de regularización impositiva, Promoción y protección del Empleo Registrado con prioridad en PyMEs y Exteriorización y repatriación de capitales", firmado en comisiones por el oficialismo.

Marconato puntualizó que "sólo la cancelación total de la deuda produciría la extinción de la causa penal", al responder críticas sobre la eventual caída de causas sin sentencia firme por evasión fiscal, y sostuvo que el retorno de fondos significará una fuente de "recursos importantes para canalizar inversiones hacia el interior del país".

Su par de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde (FPV), explicó el título referido a la formalización de trabajadores no registrados y manifestó su convicción de que le norma es un aporte que hace a "una sociedad más equilibrada, más justa, en definitiva, una sociedad más igualitaria".

"Nos preguntamos adónde quedó aquel discurso que nos hacía el presidente (Néstor) Kirchner en mayo de 2003 cuando nos decía que a los evasores le quedaba el traje a rayas", confrontó el radical Miguel Angel Giubergia, quien consideró injusto que quienes traigan al país dinero evadido paguen 8 por ciento de impuestos cuando los locales tuvieron que pagar un 35 por ciento en cargas impositivas.

Carlos Raimundi (SI), que firmó un dictamen alternativo, puntualizó que el blanqueo de capitales y la moratoria que se impulsan "están guiados por la lógica de la impunidad fiscal" y advirtió que si no define en el texto que las medidas se dirigen a los pequeños capitales se facilitarán delitos cuya puerta de acceso la evasión impositiva.

En la misma sintonía, Claudio Lozano (Proyecto Sur) recordó que la fuga de capitales es un "fenómeno estructural" en la Argentina que "no se resuelve con una medida como la que se propone aquí", e insistió en que "no hay ningún intento serio de beneficiar a las PyMEs. Si lo hubiere discutiríamos un tratamiento específico para estos sectores" además de debatir un "traje a medida para una situación puntual".

Patricia Bullrich (CC) dijo que el proyecto tendría que llamarse "el paquete de la crisis del poder" y advirtió que con lo que se propone "va a entrar dinero del lavado, va a entrar dinero del narcotráfico", lo que lo hace "el proyecto más serio, más brutal que va a votar el Parlamento".

Por el PRO, Eugenio Burzaco, advirtió sobre "las dificultades en que nos podemos meter por votar esta ley", tras afirmar que la iniciativa, en lo referido al blanqueo de capitales, "abre una ventana al dinero del lavado del crimen organizado".

El peronista disidente Felipe Solá y recordó durante el debate por la resolución 125 de cuestionaba desde el oficialismo a la oligarquía y que ahora con la norma "se premia a los que sacaron plata ilegal del país, o sea a lo peor de la oligarquía ganadera, a lo peor de los pooles de siembra, lo peor de la Argentina, lo peor de los delincuentes".

A su turno, la porteña Vilma Ibarra opinó que se está aplicando una moratoria para fondos originados "en años de bonanza y para un tiempo de crisis" y alertó que "la Argentina ha tomada la máxima amplitud para el blanqueo de capitales, tomando la experiencia internacional" y detalló que "hay dos tipos de blanqueo: de dinero sucio y el dinero en negro, el sucio en principio es legal tiene relación con la evasión, pero el dinero en negro proviene de delitos comunes, como el tráfico de armas, de drogas, y trata de personas". Su intervención tuvo un colorario: el macrista Federico Pinedo, la fue a saludar y felicitar por su discurso.

La ex menemista Paola Spátola tuvo un párrafo aparte ya que en las últimas horas dejó de participar en el armado de los peronistas disidentes que encabeza el bonaerense Solá y anunció su apoyó al proyecto oficial.

Acusó de "cobardes a quienes amenazan desde el anonimato", habló de "oportunistas" que ahora "votan en contra proyectos solo porque son enviados por la señora presidenta", calificó de "falso" el argumento de que la norma habilita el lavado de dinero, y advirtió que ante los augurios de un eventual naufragio del gobierno, advirtió que "el gobierno será sostenido por la clase política responsable que tiene este país".

Fuente: DYN