Pese al pedido del Gobierno de omitir toda referencia a su responsabilidad en el atentado de la AMIA de una demanda civil iniciada por un familiar de las víctimas, la Justicia reconoció que el Estado Argentino fue el "principal encubridor" del ataque.

El fallo, que llamativamente se dio a conocer en las últimas horas pero tiene fecha del 23 de octubre, respondió un reclamo civil iniciado por Laura Ginsberg, viuda de una de las víctimas de la masacre. La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el pedido del Estado Nacional para "tachar” la calificación de "principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina".

"Con respecto al planteo del Estado Nacional de que se manden tachar las alegaciones de la actora efectuadas en el escrito de expresión de agravios, que ubican a su parte como 'principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina', si bien los dichos vertidos en la apelación pueden resultar excesivamente severos, lo cierto es que la motivación del decreto 812/2005, en cierta medida, puede dar lugar ello", sostiene el fallo, dado a conocer ayer por la agencia de noticias DyN.

Los camaristas recordaron que " el Estado Nacional, mediante el dictado del decreto 812/2005, reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado".

El pronunciamiento está contenido en un fallo en el que la Cámara reconoció la indemnización económica a favor de Laura Ginsberg y sus hijos por la muerte en el atentado de su marido, José Enrique "Kuki" Ginsberg. Pese al reconocimiento, desde el Gobierno se busca indemnizar a las víctimas con bonos defaulteados.

La figura de Laura se hizo conocida durante el tercer aniversario de la masacre, cuando hizo publico un discurso bajo la frase "yo acuso" en el que denunciaba las supuestas complicidades del gobierno de Carlos Menem, la DAIA y la justicia ante la falta de avances en la investigación.

El fallo rechazó un planteo del Estado para que la pensión que la viuda percibe por la muerte de su marido sea considerada parte del resarcimiento económico por el ataque.