Si hubo décadas perdidas, es igualmente legítimo postular que 2008 fue para la Argentina un año extraviado, ruidoso, estéril y amargo. Nadie definió con mayor precisión cómo lo vio el Gobierno que la persona a quien la mejor revista del mundo, The Economist de Londres, llama “Ms Fernández”. Visiblemente contrariada, ella dijo “de repente, apareció el mundo y nos complicó la vida”. Definición engañosa e infantil: el mundo nunca aparece ni desaparece “de repente”. Está siempre, claro.
La Argentina, además, se complica sola desde hace mucho, por lo que es de hiriente deshonestidad intelectual sostener que los males que padecemos son producidos por los “enemigos” de siempre, una de las tantas manifestaciones del patético supremacismo criollo, según el cual este país es tan importante y estratégico que demonios foráneos traman siempre nuestra desgracia.
¿Por qué un año perdido? Porque la trama interna del país se debilitó ante la beligerancia intestina atizada de modo irresponsable por un gobierno incomprensiblemente frenético e imprudente.
Los hechos que prologaron la derrota oficial en el Senado parecen acontecidos hace mucho, pero el itinerario de dislates gubernamentales coronados por el derrumbe del proyecto de ley de retenciones a la producción agropecuaria
fue hace apenas seis meses. Exhibió una irascibilidad y un retorno a lo peor del pasado que revelan, por lo menos, dos rasgos ominosos.
Desde el poder político hubo un fenomenal atraso en la comprensión de las transformaciones cruciales que modificaron la actividad económica del campo argentino. Por ese lado, entonces, se advierte chapucería recubierta de charlatanería e imperdonable pereza para ser más rigurosos y precisos en el diagnóstico de la situación. Esto, claro, si se hace el denodado esfuerzo de atribuir buena fe y sinceridad a los emprendimientos oficiales, con lo cual se estaría ante meros errores de juicio. Esta alternativa sugiere que descomunales fallas de análisis habrían llevado al Gobierno a zambullirse en marzo de 2008 en esa Resolución 125 de la que no supieron ni quisieron retroceder.
Hay otra mirada, menos romántica y sobre todo menos indulgente. Los problemas del poder actual de la Argentina no derivan tanto (o no sólo) de su exigua precisión en el estudio e interpretación de lo que se propone resolver, sino que nacen de otro nido. Desde esta perspectiva, el Gobierno trabaja con fenomenal soberbia y enfermiza autosuficiencia porque su esquema político-ideológico adorna un proyecto de poder donde la acumulación de recursos y el patrocinio deliberado a sectores puntuales de una burguesía de negocios son capitales.
No ha sido la derecha tradicional o los sectores moderados los que avanzaron esta hipótesis, sino iniciales camaradas de ruta de los gobernantes en el poder desde 2003, que llegaron a la dolorosa y amarga conclusión: políticas de Estado tan fundamentales como el mega blanqueo de capitales evasores, la alianza explícita con el juego y el veto a la ley de glaciares votada por el propio oficialismo en el Congreso, traslucen descarnada y tangiblemente el acuerdo entre un estricto aparatamiento del poder oficial manejado por un vértice minúsculo e inaccesible, y capas de negociantes, influyentes, concesionarios y favorecidos que –a su vez– configuran un pacto contractual preciso.
En esta perspectiva, el aparato político, cada vez más concentrado en El Calafate y en Olivos, se vincula con esa burguesía de negocios aceptando de modo estructural un masivo uso de transacciones oscuras, asociaciones de dudosa licitud y trapicheo de ventajas escandalosas.
En ese océano de enojos y altisonancias, impresiona la pertinaz insistencia oficial en vestir de atavíos fundacionales a su gestión. El Gobierno se define como gran redistribuidor de riqueza y administrador de justicia. Dice de sí mismo que la justicia social y el cese de la impunidad comenzaron en mayo de 2003 y no ha dejado nunca de proclamar una supuesta identidad transformadora. Su híper sensibilidad ante la batalla retórica es de intrínseca matriz justicialista.
Quienes reportan al binomio gobernante se ven obligados a plantear en todo momento los términos de involucramiento en la disputa social como si ellos fueran el cambio, el progreso y la avanzada, mientras que se le opondría la reacción, el pasado, la injusticia y la anti patria.
En el año 26 de la democracia fundada en 1983, no hay precedentes de tamaña denegación de identidad republicana desde un gobierno que contempla el “afuera” como enemigo. Se gobierna, así, con explícita y feroz segregación de quienes, definidos como enemigos, no merecen siquiera reconocimiento de su existencia. Por eso, hace muchos años que los gobernantes salen de gira apoderándose de grandes aviones que vuelan casi vacíos, porque al país no lo representan adentro y afuera sino quienes nutren el plantel oficial, únicos mortales convidados a las migajas del banquete oficial.
Es tan dominante el rasgo excluyente en la gestión del poder, que desde el Gobierno se proyectan las más despiadadas técnicas de ostracismo a quienes discrepan, aun cuando hayan sido socios y amigos en la trepada al trono. Como aquellos herejes a los que la ¿fenecida? Unión Soviética literalmente borraba de las fotos, el Gobierno argentino se desprende de quienes se han desgraciado con el dúo gobernante. Los condena a un exilio atroz, vituperados como traidores, débiles o imbéciles, pero en todo caso siempre denostados y humillados.
Hay que decirlo porque es profiláctico: en 25 años de historia no ha tenido la Argentina un gobierno tan enojado y enojoso, despechado e irascible, fastidiado y arrogante como el actual. La patética guerra contra el campo, sazonada de intemperancia oficial, fotografía la mentalidad oficial: un país cuya Presidenta pasa al lado de su vicepresidente en una misa solemne y le da vuelta la cara para no saludarlo, revela un fundamentalismo de la prepotencia, de nefastos augurios.
Este año perdido es, por lo tanto, la imagen de una nueva era de frustraciones. Por fortuna, o consecuencia tal vez azarosa del efecto positivo que tienen estos años sin guerra civil abierta, la Argentina sin embargo ha encontrado, de modo turbulento y a menudo contradictorio, formas e interfases que podrían permitir la indispensable transición a algo mejor.
Tal vez en 2009 la sociedad argentina comprenda que debe imponer cambios de rumbo y controles fehacientes a un ejercicio tan impiadoso del poder. Las consecuencias de estos años, sin embargo, se harán sentir. Dolorosamente.