El 2008 puede ser visualizado como el año donde se catalizó la ruptura del consenso kirchnerista. Si bien esta ruptura empezó a gestarse ya en el 2007, durante 2008 se profundizó, haciéndose visiblemente notoria. Dos son las razones básicas que lo explican. La primera es de carácter económica y tiene que ver con el agotamiento de las condiciones que hicieron posible la fase de crecimiento de la actividad del período 2002-2006 (brutal empeoramiento de la distribución del ingreso, alta capacidad ociosa en las firmas y elevada disponibilidad de la infraestructura económica) en el marco de un contexto internacional favorable. Ya en 2007 estas condiciones se encontraban sustantivamente modificadas, siendo el principal emergente de dicha situación la aparición del proceso inflacionario (20% anual y más del 30% en alimentos) que esterilizó los efectos sociales del crecimiento. De este modo, en 2007 la economía crece, pero la pobreza no baja, la indigencia aumenta y la distribución del ingreso empeora.  
De algún modo, 2008 comienza con la profundización del vínculo con las estructuras tradicionales del PJ al asumir Néstor Kirchner la presidencia del partido, lo que supuso la pérdida de relevancia del proyecto de “transversalidad” que el propio Kirchner había alentado en sus comienzos (2003) y que se basaba en gestar un ámbito de sustentación de la gestión gubernamental con mayor autonomía de las estructuras tradicionales. Sin embargo, el punto álgido en que puede evidenciar el quiebre del consenso kirchnerista fue el denominado “conflicto agropecuario”. En este largo conflicto, se puso en juego algo más que la suba de algunos puntos en las retenciones al agro. En primer lugar, el grado de movilización social en los pueblos del interior así como el consenso en las capas medias de las principales ciudades tuvo mucho que ver con el malestar a que dio lugar el cambio de etapa económica. En segundo lugar, la estrategia del Gobierno de no discriminar al interior de los agentes que operan en el sector agropecuario posibilitó la unificación de las entidades agropecuarias históricamente distantes (como es el caso de la Federación Agraria con la Sociedad Rural y Carbap). Por último y no es un dato menor, en el desarrollo del conflicto, tanto en los momentos previos al debate parlamentario como durante el mismo, se constató la debilidad que para la estrategia del Gobierno supuso la alianza con las estructuras tradicionales del PJ. Así tanto las distancias que tomaron Juan Schiaretti en Córdoba y Mario Das Neves en Chubut fueron acompañadas por la merma de votos del propio Frente para la Victoria en ambas Cámaras, que posibilitó la definición de Julio Cobos.  
Finalizada la disputa con el campo, los problemas económicos y sociales que ya estaban presentes no sólo no se resolvieron, sino que se agravaron. En efecto, la creación de empleo siguió estancada (desde octubre de 2007), la pobreza siguió sin bajar y la indigencia mantuvo su tendencia alcista, al tiempo que el cuadro fiscal empeoraba paulatinamente y para colmo se inició un proceso vertiginoso de fuga de capitales al exterior (de US$ 20 mil millones en el año). En este marco, el Gobierno optó por una estrategia que consistió en garantizar el superávit fiscal que le permitiera hacer frente a los compromisos de deuda de 2009, al tiempo que anunciaba su voluntad de pago (cancelación de la deuda con el Club de París) en el marco de una crisis financiera internacional que permitía revisar los compromisos de pago. La caída bursátil de la plaza local (estrechamente vinculada con la coyuntura internacional) sirvió para que el Gobierno tomara una decisión de trascendencia estructural, como lo es la eliminación de las AFJP. Sin embargo, dicha medida parece tener más que ver con garantizar el superávit fiscal antes que con mejorar los magros haberes de los jubilados. Es más, ante el chantaje que las principales empresas del país han realizado en el marco de la crisis financiera (amenazando con despedir personal), el Gobierno decidió instrumentar una serie de medidas que tienen por objeto otorgar subsidios manifiestos a los agentes concentrados (como en el caso del régimen Petróleo Plus que beneficia directamente a Repsol con una rebaja impositiva, o el veto a la Ley de Glaciares que beneficia a la multinacional Barrick Gold, o el sostenimiento a la industria automotriz que supone un beneficio para las diez multinacionales que dominan el sector), al tiempo que intenta sostener la demanda de consumo de los sectores de ingresos medios-altos y altos (como la eliminación de la tablita de Machinea en el pago del Impuesto a la Ganancia que beneficia a los que ganan más de $ 7.200, ó las líneas de crédito para autos y electrodomésticos) e intenta ganar confianza en los actores concentrados (por la vía del blanqueo de capitales, el blanqueo impositivo y previsional). Se trata de una estrategia que intenta recrear el dispositivo de crecimiento (desigual por cierto) de los últimos años y que no toma nota de que las condiciones que lo hicieron posible no sólo no están, sino que difícilmente puedan volver a recrearse.
 
*Diputado nacional por Proyecto Sur.